A partir de marzo vuelven a subir los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires: AySA aplicará 4% mensual en agua, en electricidad dos tercios de usuarios verán menores facturas mientras el tercio restante tendrá aumentos, el gas crecerá en promedio 0,96% a nivel nacional y los boletos de colectivo se ajustarán según distancia (según La Nación, 27/2/2026). Este conjunto de cambios no es homogéneo: la segmentación y la estacionalidad determinan quién absorbe el aumento y quién recibe alivio.
¿Qué sube y cuánto pesa en el bolsillo?
La suba más directa la anuncia AySA: la resolución del Ente Regulador fija 4% mensual entre enero y abril; la factura promedio en zonas de altos ingresos pasará de $31.709 a $32.977, en zonas medias de $28.797 a $29.948 y en zonas de menores ingresos de $23.138 a $24.063 (La Nación, 27/2/2026). En electricidad las distribuidoras informaron que el 63% de los usuarios tendrá una baja en marzo —reducciones que van de $1.000 a $25.000— y el 37% tendrá aumentos entre $400 y $5.500 (La Nación, 27/2/2026). En gas, el ajuste promedio nacional será 0,96% por el cálculo del precio anual unitario fijo y menor consumo estacional (La Nación, 27/2/2026). Además, el transporte nacional de colectivos aumentará desde el 16 de marzo con tarifas que, con SUBE registrada, van desde alrededor de $700 (0–3 km) hasta superar $950 (más de 27 km) —sin SUBE registrada los valores son sustancialmente más altos— (La Nación, 27/2/2026). Estos números muestran que el choque fiscal y el efecto sobre el poder adquisitivo dependen tanto de la distancia recorrida como de la categoría tarifaria.
¿Quién paga y cómo se financia esto?
La respuesta pasa por dos mecanismos: segmentación de subsidios y topes estacionales. AySA mantiene la segmentación por geolocalización y la tarifa social; además subsiste un descuento del 15% para zonas bajas que alcanza al 48% de los usuarios residenciales (La Nación, 27/2/2026). En electricidad el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales para marzo —la mitad que en verano—, lo que explica por qué la mayoría verá facturas más bajas en meses templados (La Nación, 27/2/2026). Desde la perspectiva fiscal, esto implica desplazar el ajuste hacia quienes consumen más o viven en zonas categorizadas como de mayores ingresos; es clave que el Estado explicite cuánto se ahorra por cupos y cuánto traslada el costo a hogares vulnerables. No hay dato oficial en la nota sobre el impacto fiscal total ni sobre cómo se compensarán distritos fuera del AMBA, por lo que exigimos que los organismos expliquen partidas y beneficiarios antes de dar por cerrado el ajuste.
¿Qué preguntas políticas quedan abiertas?
Primero: transparencia. El aumento no es neutro políticamente: la segmentación reduce el impacto visible pero complica la lectura sobre equidad. En 2025 hubo una “limitación excepcional” con tope de 1% mensual que generó atraso tarifario; ahora se optó por 4% mensual para evitar un salto abrupto (La Nación, 27/2/2026). Esa decisión técnica tiene un costo distribuido que debe medirse: ¿qué fracción del ajuste la cubre la Nación o la provincia y qué queda en la factura? En segundo lugar: calendario electoral y comunicación. Ajustes por tramos y por consumo moderan protestas inmediatas pero pueden amplificarse si la inflación real supera las previsiones. Por último, la coordinación federal: aumentos concentrados en AMBA no son iguales al impacto en provincias como Santa Fe; reclamamos que cualquier esquema nacional explique compensaciones territoriales y publique el costo fiscal consolidado, como ya pedimos en otras oportunidades sobre transferencias puntuales (ver nota sobre el refuerzo único para la ayuda escolar) .
Conclusión y recomendación práctica
Vemos en estos ajustes una mezcla de gestión técnica y cálculo político: la segmentación evita aumentos abruptos pero exige rendición de cuentas. Apoyamos medidas que eviten saltos tarifarios y protejan a los más vulnerables; a la vez exigimos información clara sobre cuánto representan esos subsidios y quiénes los financian (según La Nación, 27/2/2026). Recomendamos tres pasos concretos: publicar el balance fiscal del paquete de aumentos por jurisdicción, detallar la nómina de beneficiarios de la tarifa social y medir el efecto sobre el ingreso real de los hogares en marzo versus febrero. Sin esos datos, la discusión seguirá siendo retórica en lugar de política pública verificable.
