El 43% de los argentinos mayores de 18 años declara estar buscando otro trabajo no por desempleo, sino porque los ingresos del actual no alcanzan para sostener el nivel de vida: 4 de cada 10, según la consultora Delfos (relevamiento citado por El Ciudadano y NA, 25/4/2026). Esta cifra central obliga a repensar la discusión laboral: el problema no es solo crear puestos, sino mejorar la calidad del ingreso.

¿A quiénes afecta y por qué?

Vemos que el fenómeno tiene un claro anclaje generacional y ocupacional: Delfos señala que los jóvenes y adultos jóvenes son el público central, y que la informalidad laboral está fuertemente representada entre quienes buscan una segunda fuente de ingresos. Además, el informe identifica a quienes desarrollan oficios independientes y a empleados privados como los grupos que más complementan con trabajos extras. La encuesta también registra que el 49% percibe su situación económica como mala, lo que confirma que la demanda de ingresos adicionales nace tanto de bajos salarios como de precariedad en montos y estabilidad (Delfos, 25/4/2026). No es un problema marginal: es transversal y toca incluso a jubilados.

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral y el consumo?

La foto laboral que pinta Delfos muestra un mercado saturado de horas pero empobrecido en remuneración real: 43% busca un complemento pese a estar empleado. Geográficamente, el fenómeno no se concentra solo en el AMBA: el 20% se ubica en el Gran Buenos Aires, 19% en el NEA y 17% en el NOA (Delfos). Esa distribución sugiere que la pérdida de poder de compra y la precariedad se sienten fuertemente fuera del eje metropolitano. El efecto sobre el consumo es directo: cuando gran parte de la población necesita más trabajo para llegar a fin de mes, la capacidad de gasto se vuelve volátil y dependiente de empleos informales, que no contribuyen a estabilidad fiscal ni a derechos laborales.

¿Qué responsabilidades tienen el Estado y los actores sociales?

Observamos que la política pública debe moverse en dos frentes: restablecer ingreso real y formalizar empleos. Si casi la mitad de los encuestados percibe su situación como mala y 43% busca otro trabajo (Delfos), las paritarias y los programas de apoyo a pymes son herramientas imprescindibles. En la provincia y en la Nación es necesario priorizar partidas que sostengan salarios y fortalecer incentivos a la formalización —no con subsidios indefinidos, sino con políticas que reduzcan costos de inserción formal y acompañen la productividad. También exigimos transparencia: cualquier política de subsidios o crédito debe venir con auditorías técnicas independientes para evitar usos clientelares y garantizar eficacia.

Qué medidas concretas proponemos

Propugnamos tres líneas de acción prioritarias. Primero, paritarias que busquen recuperar poder adquisitivo y garanticen aumentos por encima de la inflación real; la urgencia está en las cifras del relevamiento: 43% buscando otro empleo y 49% con percepción negativa (Delfos). Segundo, un paquete de apoyo a pequeñas empresas y monotributistas que incluya reducción temporaria de costos laborales, créditos con tasa subsidiada y programas de capacitación para formalización. Tercero, un plan de monitoreo y transparencia: auditorías independientes sobre el impacto de los programas y publicación de resultados por región y sector. Estas medidas no son cosméticas: si millones buscan un segundo trabajo porque el ingreso actual no alcanza, la estadística deja de ser un dato y se vuelve un riesgo político y social. Intervenir con datos y prioridades claras es la única vía para disminuir la vulnerabilidad.