La provincia de Santa Fe perdió 13.676 empleos registrados entre noviembre de 2023 y enero de 2026, una caída del 2,2% que redujo la ocupación formal de 632.761 a 619.085 trabajadores, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y reportado por El Ciudadano (20/4/2026). Ese mismo informe registra la desaparición de 2.533 empleadores —una caída del 5%— y deja en evidencia la mayor vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas frente al nuevo contexto económico.
¿Qué dicen los números?
Los datos del CEPA muestran tres cifras claves que ayudan a leer el fenómeno: 13.676 empleos registrados perdidos (‑2,2%), 2.533 empleadores menos (‑5%) y una concentración de la pérdida en pymes —el 96,1% del empleo perdido se originó en empleadores con hasta 500 trabajadores— (CEPA sobre SRT; El Ciudadano, 20/4/2026). Además, las grandes empresas de más de 500 empleados no replicaron la tendencia: sumaron seis empleadores en el período. La serie temporal señalada —noviembre de 2023 versus enero de 2026— permite atribuir la ventana de análisis a los primeros dos años de la gestión nacional. Es importante subrayar que hablamos de empleo registrado; la pérdida en el empleo informal o en monotributistas no está cubierta por este dato, lo que sugiere un impacto mayor si se considerara el total del mercado laboral.
¿Quiénes fueron los más golpeados?
En términos absolutos la industria manufacturera fue la más afectada con 8.089 puestos eliminados, seguida por la enseñanza con 5.186 empleos menos (CEPA/SRT). En términos relativos, el peor golpe fue para el servicio de transporte y almacenamiento: perdió 19% de sus empleadores y 11,2% de su personal registrado. Otros sectores con caídas significativas fueron alojamiento y servicios de comida (-1.427 puestos) y construcción (-1.240 puestos). Estas cifras muestran que el impacto atraviesa tanto el corazón productivo de la provincia —manufactura y construcción— como actividades vinculadas al consumo local y la movilidad, lo que complica la recuperación por contagio de demanda. La concentración del deterioro en empresas de menor escala es consistente con procesos de pérdida de liquidez, caída de ventas y dificultades de financiamiento documentadas en concursos empresariales recientes, como el caso de Surcos (ver nota sobre Surcos: https://diariosantafe.com.ar/politica/deuda-caida-de-ventas-y-liquidez-como-surcos-llego-al-concur-2026-04-18).
¿Qué lectura fiscal y política podemos extraer?
Desde el lente fiscal, la destrucción de empleo formal reduce la base recaudatoria provincial —menos aportes y contribuciones— y aumenta la presión sobre programas sociales y subsidios. No hay datos públicos en el informe que cuantifiquen el efecto fiscal agregado en Santa Fe, por lo que exigimos transparencia en las proyecciones: necesitamos saber cuánto dejó de ingresar y qué partidas del presupuesto provincial se ajustarán como consecuencia. Desde el lente electoral, estas cifras suelen traducirse en desgaste para los gobiernos provinciales y nacionales cuando afectan a microempresas y sectores intensivos en mano de obra. La lectura federal también es necesaria: Santa Fe no es homogénea y la pérdida concentrada en pymes puede agravar las asimetrías entre Rosario, la capital y el interior.
Qué debería hacer la provincia y cuál es nuestra demanda
Primero, transparencia y auditorías independientes: exigimos que la provincia y la Nación validen las cifras y publiquen los cruces con otros registros oficiales (Ministerio de Trabajo, AFIP, estadísticas provinciales). Segundo, políticas focalizadas para sostener la demanda de las pymes: líneas de crédito con tasa real negativa, programas de formalización y subsidios temporales por empleo registrado para sectores golpeados. Tercero, monitoreo sectorial periódico: datos por departamento y por tamaño de empresa para diseñar intervenciones territoriales. Reiteramos: no alcanza con diagnósticos públicos, se requiere que cada propuesta venga con su fuente de financiamiento y su efecto fiscal estimado. Exigimos auditorías independientes sobre estas estadísticas y sobre las medidas que se tomen en respuesta, en línea con nuestra demanda previa de transparencia en medidas que afectan la economía provincial.
