Santa Fe registró 1.750 vehículos híbridos y eléctricos en 2025 y proyecta superar las 3.000 unidades en 2026, según la nota publicada por El Ciudadano el 5 de abril de 2026. La exención del pago de patente por cinco años —contenida en la Ley N° 13.781, sancionada en 2018— aparece como el incentivo central detrás del crecimiento. Vemos resultados concretos en la adopción, pero también detectamos vacíos clave: ¿quién asume el costo fiscal de esa exención? ¿qué impacto tendrá el aumento de la demanda eléctrica? Pedimos que la Provincia haga públicos los números que permitan evaluar estas políticas más allá del relato.

¿Qué significa este crecimiento para las cuentas provinciales?

La ley que exonera del pago de patente por cinco años es la palanca que, según el gobierno y su autor, incentivó la adopción. El Ciudadano reporta 1.750 inscripciones en 2025 y una proyección superior a 3.000 para 2026 (El Ciudadano, 5/4/2026). También se destaca un crecimiento del 250% respecto de 2022, cuando hubo 622 inscripciones (El Ciudadano, 5/4/2026). Eso es un dato de escala, pero no basta: no se publicó un cálculo del ingreso tributario dejado de percibir ni la partida presupuestaria que lo absorbe. Exigimos transparencia: la provincia debe mostrar la estimación anual del impacto en la recaudación por exenciones, la partida presupuestaria que compensa ese menor ingreso y si existe un tope o cronograma de evaluación. Sin esos números, la política parece bienintencionada pero no evaluable.

¿Cómo impacta esto en las familias y en el mercado local?

La nota cita que un híbrido enchufable puede consumir hasta tres veces menos combustible y que el ahorro se aproxima al 40% para usuarios que cargan electricidad (El Ciudadano, 5/4/2026). Ese es el argumento económico para las familias. Además, la inscripción creció 250% entre 2022 y 2025 (622 a 1.750) y Rosario concentra gran parte del fenómeno: 648 inscriptos solo en los primeros tres meses de 2026 (El Ciudadano, 5/4/2026). Aquí hay dos preguntas prácticas: quiénes acceden a ese ahorro (vehículos nuevos vs. importados, nivel de ingreso de los compradores) y si el mercado local —talleres, distribuidores, concesionarios— se está adaptando para sostener demanda y postventa. También hay una falta de claridad en la carta: la nota compara 648 (primeros tres meses 2026) con 524 en 2024 y 869 en 2025, una secuencia que requiere aclaración oficial. Es responsabilidad del Estado proveer datos consistentes.

¿La red eléctrica y la infraestructura están preparadas?

El legislador propone avanzar en una tarifa diferencial para la carga nocturna como próximo paso (El Ciudadano, 5/4/2026). Esa medida puede ser útil para estimular usos sin presionar picos, pero exige estudios técnicos y acuerdos tarifarios: ¿qué impacto tendrá en la demanda máxima y en las distribuidoras provinciales? ¿Quién financiará la instalación de cargadores públicos y la digitalización de trámites que se menciona como parte del éxito? Además, la transición implica costo fiscal indirecto (subsidios tarifarios, inversiones en red) que hoy no están cuantificados públicamente. Reclamamos que la Provincia presente un plan integral con indicadores: costo fiscal estimado de la exención por año, evaluación de capacidad de la red por departamento, cronograma de despliegue de cargadores y criterios de focalización para que el beneficio llegue además a barrios y localidades del interior. Sin esos informes, la política corre el riesgo de ser parcial y desigual.

En suma, celebramos que la adopción de vehículos eléctricos e híbridos avance en Santa Fe —lo muestra la cifra de 1.750 unidades en 2025 y la proyección de superar 3.000 en 2026 (El Ciudadano, 5/4/2026)— pero exigimos que el crecimiento se construya sobre transparencia fiscal, datos consistentes y planificación de infraestructura. La ley existe; ahora hace falta que la Provincia muestre sus cuentas y su plan público para que esta política sea verdaderamente sustentable y equitativa.