La liberación del gendarme Nahuel Gallo se concretó el 1° de marzo de 2026 y, según informó LA NACION, ya está en vuelo rumbo a la Argentina tras 448 días de cautiverio en Venezuela. El avión que lo traslada es un Learjet 60 perteneciente a Baires Fly, empresa vinculada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el seguimiento público del vuelo indica una primera parada en Colombia, según FlightRadar24.

¿Cómo fue la liberación y quiénes actuaron?

Según el comunicado de la AFA y la crónica de LA NACION, la gestión para traer a Gallo involucró a la federación y a la Federación Venezolana de Fútbol, con agradecimientos explícitos a autoridades venezolanas. LA NACION consignó que el cautiverio duró 448 días (fuente: LA NACION), y que la liberación se formalizó el 1/3/2026 (fuente: LA NACION). El avión que efectúa el traslado es un Learjet 60 asignado a Baires Fly (fuente: LA NACION). FlightRadar24 confirma que la ruta prevé una escala en Colombia antes de seguir hacia Buenos Aires (fuente: FlightRadar24). Comparando plazos, 448 días son 83 días más que un año calendario (365 días), lo que da dimensión del tiempo que permaneció retenido.

En este episodio actuaron actores no convencionales para una gestión diplomática: una entidad deportiva y una empresa privada vinculada a su presidente. Esa combinación obliga a pedir claridades sobre roles y responsabilidades: quién coordinó qué con la representación venezolana, qué intermediaciones se activaron y bajo qué marcos legales. La información disponible proviene de comunicados y del seguimiento del vuelo; faltan datos sobre las gestiones oficiales del Estado argentino y del cuerpo diplomático, que sería pertinente conocer para completar el mapa institucional.

¿Qué implica que la AFA intervenga en una liberación así?

La intervención de la AFA plantea dos lecturas que debemos mantener en tensión. Por un lado, el carácter humanitario del accionar —reunir a un ciudadano con su familia— es inobjetable: la familia informó en redes sociales que “ya está volando hacia la Argentina” y expresó alivio por el reencuentro próximo (fuente: cuenta pública de la esposa en X, citada por LA NACION). Por otro lado, la AFA no es una agencia estatal ni una organización humanitaria; su involucramiento en logística internacional abre preguntas sobre transparencia y trazabilidad de recursos. Nuestra postura previa exige que la Justicia y las autoridades económicas investiguen las rutas del dinero en la AFA y refuercen controles (posición publicada el 2026-03-02). Aquí esa demanda es coherente: cuando actores privados o asociativos participan de operaciones con impacto público, debe haber registros claros.

Además, el uso de un Learjet 60 de una empresa asociada al presidente de la AFA exige precisión documental sobre contratos, costos y autorizaciones. Reclamamos que se publique qué recursos se utilizaron, si hubo aportes públicos o privados, y bajo qué condiciones se formalizó el traslado. El ciudadano vuelve al país, pero la pregunta sobre la frontera entre gestión humanitaria y actuaciones de entidades deportivas permanece y pide respuestas verificables.

¿Qué dicen la familia, los vecinos y qué falta por saber?

La voz más inmediata es la de la familia: María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, escribió que “Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina” (fuente: X, citado por LA NACION). Ese testimonio resume el alivio humano que por ahora domina la escena. En el plano territorial y social, sin embargo, hay preguntas que no se zanjan con un abrazo: ¿qué acompañamiento recibirá la familia? ¿Qué seguimiento hará el Estado sobre el caso y la reinserción? Nuestro enfoque periodístico recuerda que la víctima tiene nombre y red de contención —no es sólo un hecho diplomático— y que corresponde que los servicios sociales y de salud estén disponibles al regreso.

También interesa la articulación institucional: si bien la AFA informó y agradeció a autoridades venezolanas (comunicado de la AFA), no hay aún documentos públicos sobre quién gestionó permisos, boletos o eventuales pagos. Pedimos transparencia sobre la ruta del traslado y la coordinación entre organismo público y privado. La sociedad merece saber cómo se producen estas gestiones para evitar opacidades y para garantizar que actos humanitarios no sustituyan políticas públicas sostenidas.

En conclusión, celebramos el regreso de Nahuel Gallo y el inminente reencuentro familiar. Al mismo tiempo, reclamamos claridad: 448 días de cautiverio, un vuelo operado por un Learjet 60 de Baires Fly y la intervención de la AFA son hechos verificables (fuentes: LA NACION, FlightRadar24, comunicado AFA) que exigen que el Estado informe sobre su rol y que la AFA detalle la operacionalización. Solo con información pública se puede transformar un gesto puntual en lecciones para la política exterior y la rendición de cuentas institucional.