La Justicia de Rosario declaró la quiebra de Bioceres SA: el juez Fernando Mecoli consignó un pasivo que, en su resolución, supera los US$138 millones al momento del pedido de quiebra (4/3/2026). La empresa solicitó la quiebra tras no poder afrontar obligaciones, en el marco de una pelea accionaria entre los grupos de Federico Trucco y Juan Sartori, y la resolución judicial pone en primer plano inconsistencias contables que facilitaron la decisión del tribunal.
¿Qué dice la resolución y qué números importan?
Según la resolución del Juzgado Civil y Comercial N°6 de Rosario, los estados financieros certificados al 30/06/2025 muestran un activo de $5.937.992.356 y un pasivo de $162.464.172.432, lo que arroja un patrimonio negativo que el juez traduce como aproximadamente US$110.619.208,53 al tipo de cambio que usa el expediente (citado en $1.415,00) (resolución, 4/3/2026). La sala también recibió una planilla en Excel sin firma ni validación técnica que actualiza esos números: activos por $47.404.043.950 y pasivos por $226.435.759.674 —montos que, según el tribunal, carecen de respaldo formal. El magistrado concluye que, prima facie, el pasivo supera ampliamente al activo y ordena la apertura del proceso universal para depurar y verificar el pasivo bajo control de la sindicatura. Estas cifras y la observación sobre la falta de soporte documental son el núcleo técnico que justificó la quiebra (Juzgado Civil y Comercial N°6, resolución 4/3/2026).
¿Cómo impacta esto en Rosario y en el sector agroindustrial?
Bioceres tiene base operativa en Rosario, en el complejo conocido como ‘la Siberia’, y su situación desata riesgos locales: proveedores, contratos de I+D y puestos de trabajo vinculados a la agrobiotecnología quedan en incertidumbre. El fallo menciona además la caída del valor de las acciones de BIOX —activo principal del grupo— como origen de la imposibilidad de financiamiento. La asamblea del 16/12/2025 y los estados al 12/12/2025 (fechas citadas por el tribunal) muestran un proceso de desagregación societaria que dejó a Bioceres SA separada y con dificultades de acceso a crédito. En términos concretos, la exposición a acreedores financieros y la falta de garantías robustas —según el comité de acreedores mencionado en la resolución— explican el rechazo a las propuestas de pago y la solicitud de quiebra. Para Rosario, esto no es un caso aislado: afectará la confianza inversora en la cadena local de agroinsumos y servicios profesionales vinculados a la biotecnología.
¿Qué preguntas de transparencia y política pública quedan abiertas?
Vemos varias preguntas urgentes. Primero, qué garantías y avales existieron entre compañías del grupo y qué pasivos fueron transferidos a Bioceres SA durante los canjes societarios que la dejaron “vaciada”, según partes enfrentadas. La resolución señala vacancia de información formal —por ejemplo la planilla Excel sin firma— y por eso exigimos auditoría externa e independencia de la sindicatura que determine legitimidad y prioridad de créditos. Segundo, hay implicancias sobre incentivos y regímenes fiscales: cualquier apoyo o crédito que hubiese recibido la firma debe auditarse para confirmar que no hubo uso indebido de recursos públicos o exenciones. La asamblea del 16/12/2025 y los documentos presentados entre junio y diciembre de 2025 (fechas citadas en la resolución) serán claves en la verificación. En línea con nuestra posición sobre el agro —apoyamos la salida de excedentes al exterior pero exigimos transparencia sobre tipo de cambio, partidas y calendario de exportaciones— exigimos el mismo estándar para empresas de bandera tecnológica agropecuaria: balances claros, calendario de pagos publicado y protección efectiva de ahorristas minoritarios.
En síntesis, la quiebra de Bioceres es tanto un conflicto societario como una falla de transparencia que tiene efectos locales en Rosario y en la cadena agroindustrial argentina. La declaración judicial y los números que la sostienen obligan a un proceso de verificación riguroso: auditores independientes, publicación de las propuestas de reestructuración rechazadas y control Legislativo sobre eventuales beneficios fiscales. Sin ese paso, el riesgo es múltiple: pérdida de confianza en capitales que invierten en biotecnología argentina y mayor exposición para proveedores y trabajadores locales. Para Santa Fe, la lección es clara: fiscalidad y control no son meras formalidades, son la base para que la innovación agrícola traduzca ganancias en trabajo y desarrollo regional.
