Un productor avícola de Recreo denunció que una jauría irrumpió en su granja y dejó un saldo estimado de 2.300 pollos muertos y más de 800 aves heridas en la madrugada del domingo 25/3/2026, según su relato publicado en la crónica del hecho. Este dato constituye la pérdida directa que el productor atribuye a tres perros de una vecina, y el episodio reaviva preguntas sobre control de animales sueltos y la respuesta de la justicia local.

¿Qué ocurrió en Recreo?

El productor Ariel Marcos Carnevale relató que al ingresar al tercer galpón encontró “una matanza tremenda”: unos 2.300 pollos muertos y más de 800 heridos, de acuerdo con la nota publicada el 25/3/2026. Carnevale señala que los animales penetran por debajo del alambrado perimetral, rompen las lonas y atacan a las aves; apunta específicamente a tres perros que, según él, pertenecen a una vecina de 40 años. El conflicto no es nuevo: el productor afirma que lleva denuncias formales desde hace cuatro años y que en 2025 ya hubo intentos de conciliación que no prosperaron. Estos números y plazos provienen del testimonio que el propio Carnevale brindó al reportero que cubrió el caso.

Las cifras del ataque (2.300 muertos, 800 heridos) deben leerse en clave local: para una granja de escala familiar o mediana esa pérdida puede significar semanas o meses de producción interrumpida. Además, el hecho ocurrió en la intersección de 9 de Julio y 25 de Mayo, en el radio urbano de Recreo, lo que complica los controles porque mezcla perímetros productivos con áreas residenciales. La denuncia incluye también episodios de agresiones verbales entre vecinos y la existencia de un pacto judicial que, según Carnevale, no solucionó la libertad de los perros en la calle.

¿Por qué importa esto para el interior de la provincia?

Este episodio no es solo un conflicto vecinal: toca la estructura productiva del interior. Cuando una granja sufre 2.300 bajas en un solo ataque, la pérdida golpea la rentabilidad y la continuidad laboral en el establecimiento, dice el productor. En zonas rurales y periurbanas como Recreo, donde la cercanía entre viviendas y galpones es frecuente, la convivencia entre actividades productivas y tenencia de mascotas exige reglas claras y controles efectivos. La provincia y los municipios suelen recibir reclamos similares por animales sueltos que dañan cultivos, instalaciones o, como en este caso, la producción animal.

La historia recalca otro punto: la vía judicial puede ser lenta. Carnevale afirma que hubo actuaciones y una citación a conciliación en 2025, pero que la vecina se negó a solucionar el problema. Esa referencia temporal (conciliación en 2025 vs. el ataque mayor en marzo de 2026) muestra un lapso en el que el conflicto escaló sin medidas eficaces. Para el interior, esto plantea la necesidad de instrumentos administrativos y sancionatorios más ágiles y de programas municipales de tenencia responsable que incluyan microchips, multas y campañas de sensibilización.

Responsabilidad, prevención y reparación: qué se puede exigir

La primera responsabilidad es del tenedor del animal: “no culpo a los perros, el problema es el dueño que no los cuida”, dijo Carnevale, según la crónica. Pero la práctica exige también que el Estado local actúe: controles perimetrales, inspecciones y cumplimiento de fallos judiciales. A falta de medidas preventivas, los productores quedan expuestos a pérdidas que no siempre cubre la vía penal. Aquí entran seguros rurales o fondos de emergencia municipal que, en otras provincias, se activan para cubrir catástrofes productivas.

Además, el caso plantea la necesidad de acelerar resoluciones judiciales y administrativas. Si existen antecedentes de cuatro años de denuncias y un intento de conciliación en 2025, la pregunta es por qué no se implementaron medidas provisionales para proteger a la granja. La reparación económica debe contemplar el valor del animal y el daño productivo: el productor habló de un golpe importante para su economía familiar y la continuidad del establecimiento.

Qué pedimos desde esta columna

Reclamamos claridad y celeridad en la respuesta pública: medidas de control de animales sueltos por parte del municipio, sanciones efectivas para tenedores que no cumplen y vías de reparación económica ágiles para productores afectados. También pedimos que las fiscalías y los juzgados locales prioricen causas con impacto productivo directo cuando hay denuncias reiteradas en el tiempo. Finalmente, es necesario promover programas de convivencia periurbana que incluyan campañas de tenencia responsable, identificación animal y protocolos de protección para galpones y alambrados.

Este conflicto en Recreo muestra cómo una pelea vecinal puede convertirse en un problema productivo de alcance para una familia y para la economía local. Las cifras reportadas por el productor —2.300 aves muertas, más de 800 heridas, tres perros señalados y cuatro años de conflicto— exigen respuestas prácticas, rápidas y con perspectiva territorial.