La decisión central de la licitación de la Hidrovía no será la oferta económica sino el plan de obras: la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables determinó que la puntuación técnica del Sobre 2 —que detalla equipos, cronogramas y profesionales— será decisiva para elegir al adjudicatario (según el acta de evaluación de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables).

¿Qué resolvió la primera etapa?

La Etapa 1 evaluó antecedentes operativos, capacidad técnica y garantías de las firmas. De las tres presentaciones recibidas, Jan De Nul NV y DEME NV cumplieron los requisitos y avanzan a la siguiente etapa; DTA Engenharia fue recomendada para descalificación por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta (según el acta de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables). Los oferentes tienen un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones antes de que la Agencia formalice la aprobación y abra el Sobre 2. El cronograma público estima que el proceso podrá estar concluido hacia junio próximo, con la apertura posterior del Sobre 3 para las ofertas económicas. Estos plazos y formalidades importan porque definen la fecha de inicio de obras y la seguridad jurídica del contrato.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La hidrovía es la columna vertebral de la logística agroexportadora: por ella sale casi el 80% de la producción agroindustrial del país, según el acta de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables. El gobierno anunció una inversión estimada en más de 10.000 millones de dólares para la concesión y obras asociadas (según el mismo documento). La novedad técnica es que el Ejecutivo fijó una tarifa mínima para el peaje, lo que reduce el margen de competencia por precio y traslada la definición hacia la capacidad de ejecutar obras rápido y con calidad. Para usuarios como puertos del Gran Rosario, aceiteras y cerealeras, adelantar dragados y profundizaciones reduce tiempos de espera y costos de flete; por eso la Bolsa de Comercio de Rosario y cámaras sectoriales siguen el proceso de cerca. En términos prácticos, esto implica que el operador que mejore la navegabilidad primero obtendrá un beneficio competitivo en logística para productores y exportadores.

¿Qué preguntas quedan abiertas para provincias y usuarios?

Desde la perspectiva fiscal y federal hay pendientes relevantes. Primero, la magnitud de la inversión y la tarifa sobre barcos demandan auditorías independientes y cláusulas de cumplimiento que garanticen que las obras se ejecuten en tiempo y forma; la ciudadanía y las provincias receptoras de la renta logística deben poder rastrear cada peso, en línea con la demanda de transparencia que hemos sostenido sobre la gestión de recursos públicos. Segundo, el piso tarifario reduce la competencia por precio: queda por definirse cómo se fiscalizan las rentas y qué contrapartidas recibirán las provincias y los puertos locales. Tercero, el contrato debe incluir penalidades reales ante demoras: el cronograma público apunta a una resolución en junio, pero el interés público exige plazos concretos de inicio de obra y hitos verificables (según la agenda comunicada por la Agencia). Sin estos anclajes institucionales, la promesa de inversiones puede demorar sin beneficios tangibles para trabajadores ni municipios.

Conclusión y recomendaciones

La licitación avanza con dos oferentes globales habilitados y un diseño que privilegia la técnica por sobre el precio. Eso es positivo si efectivamente se traduce en obras y mejor navegabilidad rápida; es riesgoso si el piso tarifario termina protegiendo ingresos sin contraprestaciones verificables. Exigimos que la adjudicación incorpore auditorías independientes, publicación completa de contratos y cronogramas públicos con hitos y penalidades. Además, la Provincia de Santa Fe y los actores del Gran Rosario deben tener acceso a información sobre cómo se distribuirán las rentas y en qué plazos llegarán las obras. Una licitación de más de 10.000 millones de dólares exige más transparencia, no menos; y la prioridad debe ser que las mejoras en la Hidrovía se traduzcan en menores costos logísticos y mejor empleo para la cadena agroindustrial.