Cuatro exfutbolistas argentinos están siendo demandados en Estados Unidos por deudas de juego que, según una investigación de La Nación, suman 2,6 millones de dólares. Los implicados son Sergio Zárate (1.002.000 USD), Norberto Ortega Sánchez (626.000 USD), Sergio Berti (501.000 USD) y José Flores (500.500 USD); las operaciones se habrían realizado entre enero y abril de 2025 y las causas están radicadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, Nevada, de acuerdo a La Nación. Aunque en Argentina estas deudas no constituyen delito penal, los demandados enfrentan en EE. UU. la posibilidad de embargos y restricciones para entrar al país. Vemos aquí un caso que combina fama, viajes internacionales y la responsabilidad —a veces ausente— de representantes y organizadores.
¿Qué ocurrió y quiénes participaron?
Según la nota de La Nación, los exjugadores recibieron “markers”, instrumentos de crédito que los casinos de Las Vegas emiten para apostar dentro de sus salas. El reclamo del Resorts World se canalizó judicialmente y detalla los montos por persona: Zárate 1.002.000 USD, Ortega Sánchez 626.000 USD, Berti 501.000 USD y Flores 500.500 USD, sumando 2,6 millones de dólares en total (La Nación). La investigación apunta a un organizador identificado como Maximiliano Palermo, que habría cubierto pasajes y alojamiento y ofrecido bonos promocionales a invitados —según la misma fuente—. El antecedente más visible fue el caso del periodista Enrique “Quique” Felman, detenido 13 días en Miami por una demanda del mismo casino, un episodio que La Nación ubica en febrero de 2026 y que sirve como señal de alerta sobre cómo se gestionan estas invitaciones.
¿Qué consecuencias legales y prácticas pueden derivar de esto?
En términos prácticos, La Nación subraya que en Argentina las deudas por juego en el exterior no configuran delito penal; sin embargo, la tramitación en Nevada puede llevar a medidas civiles fuertes: embargos de bienes en EE. UU. y restricciones migratorias que impidan la reentrada al país. El caso se tramita en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, sede habitual de litigios contra casinos en Las Vegas (La Nación). Además, la existencia de documentos firmados como “markers” facilita la vía civil norteamericana para reclamar el cobro. Comparando plazos, los hechos denunciados ocurrieron entre enero y abril de 2025, mientras que el episodio de Felman fue en febrero de 2026, lo que indica que el problema no fue un hecho aislado y que la casa de juegos persiste en reclamar saldos pendientes.
¿Qué nos enseña esto sobre la protección de exfutbolistas y la transparencia?
Más allá de la anécdota mediática, el caso cuestiona la red de representación y la información que reciben los futbolistas retirados cuando participan de viajes y eventos. Vemos una clara falla de planificación y de control: cuando un organizador se ofrece a pagar pasajes y bonificaciones, los invitados deben saber qué implican los instrumentos financieros que se les entregan. Reclamamos planificación y transparencia dirigencial: clubes, asociaciones de exjugadores y representantes deberían ofrecer asesoramiento legal y limitar la exposición a mecanismos como los “markers”. Si aceptamos que el fútbol es del pueblo y que los clubes tienen responsabilidad social, no podemos mirar para otro lado cuando figuras emblemáticas quedan expuestas a riesgos internacionales. La reiteración de reclamos civiles contra participantes argentinos obliga a que las instituciones propongan protocolos que reduzcan vulnerabilidades y garanticen el acompañamiento a quienes ya no cuentan con un contrato profesional activo.
