Algodonera Avellaneda, empresa del grupo Vicentin en el norte de la provincia, mantiene a más de 300 familias sin cobro de haberes desde diciembre y sólo registra una reactivación parcial de la planta: 30 trabajadores volvieron el 16 de marzo y 50 se incorporaron esta semana, según declaraciones de Juan Carlos Bandeo al medio LT9 y reproducidas por El Ciudadano. Este dato central —unos 330 trabajadores afectados antes del conflicto— explica la urgencia social y económica en Reconquista y obliga a poner el foco en la financiación clara y verificable de cualquier solución.

¿Qué pasó con los salarios y cuántas familias están afectadas?

La situación descrita por el sindicato indica que los haberes no se pagan desde diciembre, incluyendo cuotas acordadas con quitas entre octubre y enero y la totalidad de febrero, marzo y lo que va de abril, según Juan Carlos Bandeo en LT9 (reproducido por El Ciudadano). Para las familias esto se traduce en cuatro meses completos o más sin ingresos regulares, con sostenimiento a fuerza de “changas” y ayuda familiar, dice el gremio; el impacto social es inmediato: pagos de alquiler y tarjetas en mora. La cifra de referencia —330 trabajadores en plantilla antes del conflicto— permite dimensionar la afectación económica local y la presión sobre servicios municipales en Reconquista, donde la demanda de asistencia social se dispara cuando la actividad industrial se detiene.

¿Por qué la solución depende del Banco Nación y la venta de un inmueble?

Según la fuente gremial, la empresa mantiene una deuda con el Banco Nación y la liberación de fondos para pagar sueldos está atada a un acuerdo con ese acreedor; en paralelo, los trabajadores confían en que la venta de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires genere liquidez para cancelar obligaciones laborales. Esa doble dependencia revela dos problemas: primero, la solución financiera es privada y no está garantizada ni calendarizada públicamente; segundo, la demora agrega riesgo de pérdida de empleo si la planta no recupera operatividad total. Que la expectativa sea “para fin de semana o inicio de la próxima” no es un plan: es una promesa sin cronograma formal, y las partes interesadas —trabajadores, sindicato y poder público local— necesitan documentación escrita y verificable.

¿Qué debería hacer el Estado provincial y qué piden los trabajadores?

Desde la óptica fiscal y laboral que defendemos, apoyar el empleo es prioritario, pero no podemos reclamar medidas públicas sin transparencia sobre su financiamiento; exigimos un cronograma de pagos certificado y mecanismos de supervisión. Pedimos al Gobierno de Santa Fe y a la Municipalidad de Reconquista que exijan a las partes la presentación de acuerdos escritos con el Banco Nación o la constancia de la transferencia por la venta del inmueble antes de habilitar cualquier asistencia directa o incentivos. Además, es imprescindible que la Provincia coordine con el Ministerio de Trabajo nacional para garantizar que, si hay desembolsos o programas de emergencia, estos lleguen a quienes no cobraron desde diciembre y que las paritarias y recomposiciones salariales cubran la pérdida real por inflación, en línea con nuestra posición sobre la defensa del empleo y la recomposición salarial. Para contexto sobre negociaciones salariales municipales en la provincia, ver la cobertura previa sobre la paritaria municipal Paritaria municipal: aumento acumulativo del 19,3% hasta mayo, que muestra la tensión entre ajustes pactados y la inflación real.

Cerramos señalando que la prioridad debe ser la continuidad laboral verificada por datos: cuántos puestos quedan operativos, cuál es el cronograma de pagos y cuál el plan industrial para volver a plena capacidad; sin esos tres puntos no bastan anuncios públicos ni expectativas sobre ventas de inmuebles para reparar el daño social acumulado.