Un adolescente de 14 años fue trasladado a una clínica de Mar del Plata tras recibir una golpiza dentro de la Escuela Secundaria N°38; según La Nación, el chico presenta “dos fracturas en la nariz” y una fractura en el maxilar superior, además de múltiples hematomas. La familia formalizó la denuncia en la Fiscalía 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para que el hecho “no quede impune” (según La Nación).
¿Qué pasó y qué muestran las imágenes?
Las imágenes difundidas muestran el momento en que el agresor golpea al alumno mientras está sentado; en el aula había, por lo menos, cuatro compañeros además de la víctima y el atacante, y hubo una persona que filmó la situación (según La Nación). La escuela dijo inicialmente que se habían producido “tres golpes de puño”, pero la familia asegura que el video expone una agresión directa y prolongada. El ataque ocurrió “el pasado viernes” según la crónica original y la madre contó que su hijo no recordaba las patadas hasta que vio el video (según La Nación). Además, la madre relató que los médicos le realizaron una ecografía por dolor abdominal para descartar complicaciones. Estos detalles —edad (14 años), dos fracturas y la presencia de al menos cuatro compañeros— están documentados en la cobertura periodística citada.
¿Qué responsabilidad tuvo la escuela y qué dice la familia?
La madre afirmó que en las inmediaciones estaban la vicedirectora y una profesora que no intervinieron, y que cuando llegó al colegio su hijo tenía “la carita desfigurada”; también denunció que le ofrecieron hacerle firmar un acta que no aceptó (según La Nación). La versión institucional, que redujo el episodio a “tres golpes”, choca con el material audiovisual que la familia presentó. Desde el punto de vista institucional, corresponde que la dirección escolar actúe con protocolos claros: asistencia inmediata, registro del incidente, comunicación efectiva con la familia y derivación médica; si la ambulancia no respondió, ese punto debe investigarse. La fiscalía abrió la causa en la unidad especializada en menores, lo que implica investigación penal, pero la familia y la comunidad requieren además medidas administrativas y contención psicológica para el chico y para testigos. En este episodio concreto, la ausencia de intervención docente y la difusión del video por compañeros complican la situación disciplinaria y legal (según La Nación).
¿Qué implica esto para las políticas de seguridad escolar?
Este caso no es aislado: observamos una escalada de hechos graves en espacios educativos en plazos cortos; por ejemplo, en 48 horas este medio informó otro hecho grave en una escuela con víctimas fatales y heridos en San Cristóbal (ver nota relacionada: “Disparo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal: un alumno muerto y dos heridos”). La coincidencia temporal refuerza la necesidad de respuestas públicas integrales. Exigimos investigación transparente, presencia estatal permanente en las escuelas y acompañamiento integral a la familia y a la comunidad —postura que mantuvimos en comunicaciones anteriores sobre seguridad. A nivel práctico, pedimos: 1) protocolos obligatorios de intervención y contención en todas las escuelas; 2) capacitación docente en manejo de conflictos y violencia entre pares; 3) equipos interdisciplinarios de contención para víctimas y testigos; 4) mecanismos ágiles para garantizar atención médica inmediata (ambulancias y derivaciones). Las cifras puntuales de este caso (14 años, dos fracturas, al menos cuatro testigos) deben servir para que la investigación avance y las autoridades escolares y judiciales rindan cuentas.
Observamos que el periodismo tiene un papel central: la noticia está en la calle y en la voz de la familia. Por eso exigimos claridad en las versiones oficiales, transparencia en la investigación judicial y medidas concretas para que los colegios no sean escenarios donde la violencia quede impune.
