El municipio de Rosario remitió 35 vehículos al corralón tras una serie de operativos antipicadas y de alcoholemia que resultaron en 466 controles vehiculares durante el fin de semana. Según la Secretaría de Control y Convivencia, 383 de esos controles fueron tests de alcoholemia, se labraron 40 actas de infracción y se detectaron 19 casos positivos con una graduación máxima de 1,89 gramos por litro de sangre.
¿Qué controles se hicieron y qué detectaron?
Los procedimientos se desplegaron en puntos donde el municipio había detectado concentración de vehículos y maniobras riesgosas: Eudoro Carrasco y Gallo; José María Rosa y Guaymallén; Eudoro Carrasco y Escauriza; bulevar Oroño y Lamadrid; San Martín y Virasoro; y Eudoro Carrasco y Puccio. De acuerdo con la Secretaría de Control y Convivencia, se practicaron 383 tests de alcoholemia y 19 de ellos resultaron positivos (19/383 = 4,96%). La graduación máxima encontrada fue 1,89 g/l, cifra que la Secretaría consignó como la más alta del operativo. Además, se labraron 40 actas y se remitieron 35 vehículos por distintas irregularidades. La información oficial también señala que los puntos fijos se modificaron: antes se ubicaban en La Florida y fueron trasladados hacia una zona más cercana al puente Rosario–Victoria en respuesta a reclamos vecinales.
¿Alcanza con más controles?
Los controles son necesarios pero no suficientes. La detección de 19 casos positivos sobre 383 tests muestra que alrededor del 5% de quienes fueron controlados conducían con alcohol en sangre, según datos de la Secretaría de Control y Convivencia. Para ponerlo en perspectiva normativa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fija 0,5 g/l como límite general; el máximo registrado en el operativo (1,89 g/l) es casi 3,8 veces ese límite. Los controles sancionan y remiten vehículos —35 remisiones reportadas— pero la prevención requiere campañas sostenidas, educación vial y alternativas de transporte en horarios de riesgo. Reforzar puntos no debe ser un parche eventual: los vecinos pidieron cambio de ubicación y la Secretaría respondió, pero la estrategia tiene que ser sostenida en el tiempo para generar cambio de hábitos.
Impacto en los barrios y la convivencia
Los operativos fueron desplegados, según el municipio, también para responder a reclamos de vecinos de Costa Alta que denunciaron picadas y ruidos nocturnos. La presencia policial y los controles influyen en la sensación de seguridad: en zonas donde se registran maniobras peligrosas, la convivencia se deteriora y la vida cotidiana se altera. Sin embargo, la experiencia territorial indica que controles aislados generan alivio momentáneo; lo que piden los vecinos es continuidad y medidas integradas: iluminación, cámaras, sanciones, programas municipales de prevención y alternativas recreativas para jóvenes. Según la Secretaría, las multas y la remisión de vehículos forman parte de las sanciones previstas por la normativa vigente, pero la resolución de fondo exige políticas sociales y de acompañamiento institucional.
Qué falta y qué debería venir
A partir de estos datos (466 controles, 383 tests, 19 positivos, 40 actas y 35 remisiones, según la Secretaría de Control y Convivencia) hay tres tareas claras: convertir los controles en política sostenida; combinar sanción con prevención y trabajo comunitario; y evaluar resultados con cifras comparables en el tiempo. El traslado de puntos fijos desde La Florida hacia el acceso al puente Rosario–Victoria muestra una adaptación táctica del municipio, pero no reemplaza un plan de mediano plazo. Pedimos presencia estatal sostenida que incluya campañas educativas, mejoras en movilidad nocturna y programas para jóvenes en los barrios, además de controles. Solo así se puede esperar que las cifras de operativos dejen de ser una respuesta puntual y pasen a formar parte de una reducción sostenida del riesgo vial.
