La alimentación en la jornada laboral dejó de ser una garantía para la mayoría de los trabajadores: solo el 16,5% afirma estar libre de privaciones, mientras que el 83,5% restante enfrenta restricciones de cantidad o calidad por motivos económicos (según el informe La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Universidad Católica Argentina y Edenred, 2026). Este dato resume que la comida en el trabajo ya no es un extra: es un problema estructural que vuelve a tensar el salario real.
¿Qué dice el estudio?
El relevamiento nacional, basado en una muestra de 1.171 asalariados formales, muestra cifras alarmantes. El 61,1% admitió haberse saltado alguna comida durante la jornada (46,7% ocasionalmente y 14,4% con regularidad), y el 78,5% optó por alimentos menos nutritivos por razones económicas; del total, 24,6% lo hace de forma habitual (UCA y Edenred, 2026). Además, el 43,9% declara gastar entre $5.001 y $10.000 diarios en alimentarse en el trabajo, y un 20% supera los $10.000 diarios, lo que transforma la comida en un costo operativo para el trabajador (UCA y Edenred, 2026). El 80,4% de los encuestados manifiesta querer un aporte del empleador con libertad de elección, y el 55,6% dice no recibir ningún beneficio empresarial para comer (UCA y Edenred, 2026).
¿Cómo impacta esto en la salud y el bolsillo?
Observamos que las consecuencias son dobles: por un lado, menor aporte nutricional y por el otro, erosión del salario real. El 78,5% que elige alimentos menos nutritivos corre riesgo de problemas de salud a mediano plazo, según la propia interpretación del informe sobre relación entre dieta y bienestar laboral (UCA y Edenred, 2026). La juventud está particularmente afectada: el 70,7% de quienes tienen entre 18 y 29 años saltean comidas, una señal de salarios de ingreso que no alcanzan, según el estudio. El documento es transversal y no presenta series temporales para comparar con años anteriores, por lo que no permite medir aquí una evolución interanual; en la práctica, esto exige combinar estos resultados con estadísticas salariales y de inflación para evaluar la tendencia histórica (UCA y Edenred, 2026).
¿Dónde se concentra el problema?
La vulnerabilidad no es homogénea: el salteo de comidas se concentra en el sector público, empresas pequeñas y regiones con mayores dificultades económicas. En el Noreste argentino (NEA) la mitad de los trabajadores —50,1%— declara no comer durante la jornada (UCA y Edenred, 2026). La ausencia de infraestructura básica en el lugar de trabajo, como heladera o microondas, eleva el salteo al 72% entre quienes no tienen esos recursos. Recibir un aporte del empleador reduce la incidencia de omisión de comidas al 43,9%, lo que muestra que las intervenciones laborales pueden amortiguar el problema, aunque hoy ese rescate es regresivo y favorece a quienes ganan más (UCA y Edenred, 2026).
Qué piden los trabajadores y qué debe hacer el Estado
La respuesta de los propios asalariados es clara: 80,4% reclama un aporte del empleador para la alimentación con libertad de elección; ese reclamo sube al 91,5% entre quienes ya sufren ambas privaciones (saltar comidas y dieta poco saludable) (UCA y Edenred, 2026). Desde nuestra perspectiva, exigimos presencia estatal integral: políticas que garanticen condiciones mínimas en los lugares de trabajo, incentivos fiscales o normativos para que las empresas contribuyan y programas públicos que complementen esos aportes donde la capacidad empresarial sea limitada. No alcanza con soluciones parciales: la comida laboral debe pensarse como inversión en salud pública y capital humano. Además, proponemos que las inspecciones laborales incluyan la evaluación de infraestructura para comer en el puesto de trabajo y que los convenios colectivos incorporen cláusulas sobre contribución alimentaria para los sectores más vulnerables.
En coherencia con nuestras posiciones previas sobre la necesidad de presencia estatal en barrios y espacios vulnerados, observamos que garantizar la alimentación en el trabajo implica tanto regulación como prevención social. La cifra central del estudio —que 8 de cada 10 trabajadores quieran un aporte empresarial— es más que un dato: es una demanda social que exige respuestas combinadas de Estado, empleadores y actores gremiales (UCA y Edenred, 2026).
