Un hombre apodado “Chicho” fue atacado a balazos este lunes en la zona conocida como Cabín 9, en Pérez: el hecho ocurrió en la intersección de Hudson y El Jacarandá, a metros del ingreso al Club Estudiantes, y la víctima fue trasladada por un móvil del Sies al Hospital Centenario en estado consciente. Según fuentes hospitalarias, ingresó con múltiples heridas de arma de fuego —al menos seis— en tórax y piernas (según el hospital). En el lugar también hubo tres demorados tras una pelea por un basural informal, según el parte policial.

¿Qué pasó en Cabín 9?

El episodio fue breve y violento: dos personas en moto pasaron por el cruce y abrieron fuego contra la víctima, que quedó tendida en la vereda cercano al club. El traslado lo realizó el Sies, que confirmó que el paciente llegó en estado consciente y con múltiples impactos (informe hospitalario). La escena quedó con custodia policial y personal de criminalística trabajó en el lugar; según el parte, hubo tres demorados vinculados a una pelea por un basural informal que terminó en detenciones (fuente policial). El dato sanitario es concreto: “al menos seis” proyectiles alcanzaron a la víctima, según la ficha de ingreso del Hospital Centenario. Para los vecinos, la proximidad del club y el cruce Hudson y El Jacarandá convierte a ese punto en un nodo de tránsito donde la disputa territorial se hace visible.

¿Cómo se conecta este hecho con otros episodios del barrio?

Fuentes extraoficiales y voceros del Ministerio de Seguridad plantean que el ataque podría vincularse con la ejecución de Noelia Ojeda, baleada el domingo en Las Acacias al 200 —a 700 metros del lugar del último hecho— y fallecida posteriormente en el mismo Hospital Centenario (voceros del Ministerio). Ese homicidio se suma al crimen de Walter “Teta” Dilzen, ocurrido el 14 de diciembre en Los Talas al 400, que según fuentes en la investigación tenía vinculación con la banda conocida como Los Monos. En menos de cuatro meses, la zona registra al menos tres episodios graves: el homicidio de diciembre, el asesinato de Noelia y el intento de homicidio contra “Chicho” en 48 horas (comparación temporal entre diciembre y las últimas 48 horas, según archivos policiales y voceros). Esa acumulación alimenta la sensación de disputa entre grupos rústicos que operan en Cabín 9, según quienes siguen el caso.

¿Cómo responden las instituciones y qué falta?

En el terreno, lo primero fue la atención médica: el Sies actuó y el Hospital Centenario recibió al herido; esa respuesta sanitaria impidió lo que podría haber sido otra víctima fatal en la calle (según fuentes hospitalarias). En lo policial, el informe habla de tres demorados tras la pelea por el basural, pero los vecinos dicen que la presencia del Estado es intermitente: patrullajes temporales que no se sostienen. No hay un dato público disponible sobre cambios en la dotación policial específica para Cabín 9 en los últimos días; desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la causa se enmarca en disputas locales pero no brindaron números de refuerzo. Vemos de nuevo la tensión entre respuesta reactiva y la ausencia de políticas sostenidas: la seguridad no se resuelve sólo con detenciones puntuales.

Qué piden los vecinos y qué medidas urgentes hacen falta

Los vecinos entrevistados por este medio reclaman presencia estatal permanente, trabajo en prevención y soluciones para los espacios degradados —como el basural informal donde, según el parte, se desató la pelea que derivó en detenciones—. Pedimos, en coherencia con posiciones previas sobre Pérez y Rosario, planificación, transparencia y presencia estatal sostenida para evitar la trazabilidad opaca de atribuciones y detener la escalada de violencia. De manera urgente hacen falta: 1) investigación feroz y con rendición de cuentas sobre los responsables (voceros del Ministerio y la fiscalía local), 2) políticas sociales y de contención territorial para jóvenes de la zona y 3) mejoras en los servicios públicos y en la gestión del espacio público —tres líneas que combinan seguridad con prevención social. No es sólo mano dura: es presencia estatal sostenida para que los vecinos no vivan con miedo y los hospitales no sigan siendo el primer testigo de la violencia.