La Justicia de San Isidro recibió entre 500 y 600 denuncias en 72 horas por amenazas de tiroteos en escuelas; hay un alumno detenido y, según la fiscalía, entre 10 y 15 allanamientos pendientes.

Qué pasó y qué dicen los fiscales

La Unidad Fiscal Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro, que cubre Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, sumó entre 500 y 600 denuncias en las últimas 72 horas, según reportó el fiscal Andrés Zárate a La Nación. En la mayoría de los casos las advertencias aparecieron como pintadas en aulas o baños o como publicaciones en Instagram y TikTok. Esta semana se concretó la primera detención: un alumno que cursaba en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Eduardo Ader, en Carapachay, fue detenido al salir del colegio por publicar una amenaza.

Zárate informó además que hay entre 10 y 15 allanamientos pendientes en causas similares, que se realizan cuando se logra identificar el ID de origen o recolectar pruebas en los establecimientos. La carátula aplicada en el caso del detenido es “intimidación pública”, delito cuya pena prevista es de 3 a 6 años de prisión, según la descripción judicial publicada por el medio.

¿Estamos ante un efecto contagio o solo amenazas virales?

A un mes del asesinato de San Cristóbal, Santa Fe, —donde un alumno mató a un compañero de 13 años— el país convive ahora con un aumento de amenazas que remiten al mismo miedo. En San Isidro, no se reportaron ataques consumados, pero sí una multiplicación de mensajes que replican la consigna «Mañana tiroteo. No vengan», con fechas centradas en el 14, 15 o 16 de abril, según las denuncias recogidas por la fiscalía.

La fiscalía y parte de la comunidad educativa hablan de un reto viral que incentiva estas publicaciones y de la influencia de espacios digitales que romantizan la violencia, como la llamada True Crime Community asociada al agresor de Santa Fe. El dato central es que el fenómeno, por ahora, parece ser de amenazas y no de atentados confirmados; aun así, el pánico se propaga con rapidez por redes y pintadas, y obliga a una doble respuesta: investigar novela y cortar la circulación viral del mensaje.

Qué medidas piden las escuelas, familias y qué debería hacer el Estado

Las escuelas reforzaron protocolos: cierres preventivos, comunicación urgente con familias y coordinación con fuerzas de seguridad. Los directivos y las familias piden respuestas claras; entre ellas, investigación judicial transparente, acompañamiento institucional a estudiantes y personal, y medidas de contención psicológica en los edificios. Observamos que la fiscalía ya avanza con detenciones y allanamientos, pero la respuesta no puede quedar solo en lo penal.

Exigimos, en línea con posiciones previas, que la investigación sea transparente y que las medidas policiales vayan acompañadas de políticas sociales sostenidas: atención en salud mental, programas de prevención en redes, formación para docentes y canales de denuncia anónimos. También es necesario que las escuelas recuperen espacios seguros para la convivencia y que el Estado local explique cómo se protegerá a la comunidad educativa en el corto y mediano plazo.

La cifra de denuncias —medio millar en días— y la identificación temprana de autores muestran que es posible hallar responsables; pero la raíz del problema requiere políticas que combinen justicia, prevención y apoyo escolar para evitar que episodios aislados se repitan o escalen.