El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Delegación Regional IX, confirmó que la Escuela Normal Nº 40 ‘Mariano Moreno’ de San Cristóbal reabrirá sus puertas de manera progresiva la semana del 13 al 17 de abril. Según el comunicado oficial, el permiso para usar las instalaciones fue habilitado por la Justicia via el Ministerio Público de la Acusación, y los primeros dos días (lunes 13 y martes 14) se dedicarán a tareas de limpieza y arreglos. Este párrafo resume la decisión central y puede leerse de forma autónoma.
Qué dijo el Ministerio y cómo será el regreso
Desde la Delegación Regional IX se detalló el cronograma: limpieza y tareas organizativas los días 13 y 14 de abril; para el Nivel Inicial, reuniones el 14 en la sede de la delegación y actividades lúdicas en la escuela el 15 y 16, con un encuentro general el viernes 17 en el Jardín de Infantes; para el Nivel Primario habrá reuniones con familias divididas por grado el miércoles 15 y el jueves 16 entre las 13:30 y las 17:30, y el viernes 17 se prevé que los estudiantes vuelvan a habitar el edificio. Todos estos plazos y horarios fueron informados ‘según el comunicado de la Delegación Regional IX del Ministerio de Educación de Santa Fe’. El ministro provincial, José Goity, dijo que la intención es recuperar una relativa normalidad, pero reconoció que la comunidad no será la misma tras el episodio del 30 de marzo, cuando ocurrió el tiroteo, hecho que ocurrió 14 días antes de la autorización judicial.
¿Están garantizadas la seguridad y la contención emocional?
Vemos tres dimensiones que todavía requieren respuestas claras: seguridad física del edificio; protocolos de presencia o refuerzo de fuerzas de seguridad; y, con la misma urgencia, contención emocional para alumnos, familias y docentes. El comunicado establece arreglos edilicios y espacios de diálogo con familias, pero no enumera medidas de prevención a mediano plazo ni equipos psicosociales estables. Por orden judicial se permitió el uso de las instalaciones, ‘según el Ministerio Público de la Acusación’, pero el permiso no reemplaza las políticas públicas: exigimos saber cuántos profesionales de salud mental estarán disponibles y por cuánto tiempo. La atención inmediata puede organizarse en una semana, pero la recuperación colectiva suele demandar meses; los equipos educativos y familiares necesitarán seguimiento sostenido para evitar secuelas en el aprendizaje y en la convivencia escolar.
Qué falta: investigación pública, transparencia y políticas sostenidas
La reapertura edilicia es un paso necesario, pero no suficiente. Pedimos una investigación pública clara sobre lo ocurrido el 30 de marzo y medidas sostenidas de presencia estatal en la escuela y la comunidad. El esquema anunciado cubre el 13 al 17 de abril para retorno progresivo, ‘según la Delegación Regional IX’, pero no fija plazos ni recursos para acompañamiento socioeducativo posterior. Desde nuestra columna insistimos en cuatro demandas: 1) investigación pública y transparente de los hechos; 2) equipos psicosociales y docentes con formación en atención a trauma; 3) refuerzo de seguridad no militarizada y políticas de prevención en el barrio; 4) seguimiento pedagógico para los grados afectados. Mantener la escuela abierta sin estas medidas corre el riesgo de normalizar una reapertura que no atendería el daño real en alumnos y docentes.
La voz de la comunidad y el sentido común periodístico
Hablamos con vecinos y familiares que piden contención y respuestas a largo plazo: no quieren simplemente puertas abiertas, sino garantías. La cercanía de la escuela con el tejido barrial hace indispensable que la presencia estatal vaya más allá de un operativo puntual. Recordamos que la noticia se construye en la calle: escuchar a las familias, documentar los pasos de la investigación y exigir informes públicos debe ser la prioridad de funcionarios y medios. Exigimos, como en notas previas sobre salud y educación, que la solidaridad vecinal no sustituya al Estado: la reapertura tiene que venir acompañada de políticas claras, recursos asignados y plazos verificables para la atención emocional y educativa de la comunidad.
