El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Seyed Ali‑Asghar Mir‑Hejazi, señalado por la fiscalía como quien dio la orden directa del atentado a la AMIA y por ello objeto de un pedido de alerta roja a Interpol, según informó LA NACION el 13/4/2026. Esta medida se suma a la estrategia de avanzar con juicios en ausencia en una causa que reclama verdad y responabilidad desde hace más de tres décadas.

Contexto y qué pidió la Justicia

La novedad procesal llega sobre la base de pruebas reunidas por la fiscalía de la Unidad AMIA, a cargo de Sebastián Basso. Según LA NACION, Basso tomó cuatro declaraciones en París en diciembre de 2024 que amplían testimonios anteriores; esas declaraciones y documentos físicos llegaron a Buenos Aires a comienzos de 2026. El juez Rafecas pidió la publicación de una alerta roja ante Interpol y un pedido formal de cooperación a Irán el 13/4/2026, de acuerdo con la misma nota. El expediente recuerda que el atentado del 18 de julio de 1994 dejó 85 víctimas fatales y 300 heridos (Télam). En la causa ya figuran 10 personas con pedido de detención y acusaciones para ser juzgadas en ausencia, entre ellas nombres históricos señalados por la pesquisa, según LA NACION.

¿Qué credibilidad tiene la acusación contra Mir‑Hejazi?

La acusación combina testimonios de disidentes iraníes exiliados y documentos de la época: LA NACION reporta que entre los papeles que ingresaron al país hay diarios y libros que ocupan “medio metro de altura” y una visa de ingreso que ubicaría a Mir‑Hejazi en Buenos Aires en 1993. En paralelo, medios israelíes señalaron que Mir‑Hejazi habría muerto en un ataque aéreo en Teherán el 6/3/2026; esa hipótesis no cuenta con confirmación oficial y los investigadores argentinos expresaron reservas en la cobertura. El expediente también recuerda sanciones internacionales: la Unión Europea sancionó a Mir‑Hejazi en abril de 2012 y Estados Unidos en enero de 2020, hechos que la fiscalía usa para dar contexto a su historial de responsabilidad en tareas de inteligencia y represión (LA NACION).

Lente territorial e institucional: qué nos preocupa

Desde nuestra perspectiva, la causa AMIA exige dos cosas simultáneas: rigor judicial y transparencia pública. La investigación que ahora apoya el pedido de Rafecas es el resultado de años de recopilación y de pasos judiciales con altibajos; Sebastián Basso asumió la unidad a principios de 2019 y desde entonces impulsó nuevas líneas probatorias, a diferencia de pedidos anteriores que no prosperaron, como el intento fallido de capturar a Ahmad Vahidi en abril del año pasado (LA NACION). Si bien la acción de la Justicia internacional es necesaria, también lo es que el Estado argentino garantice acceso público a la información esencial del proceso y cuide la integridad de las víctimas y testigos.

¿Qué esperan las víctimas y qué falta para cerrar el ciclo?

Las familias de las 85 víctimas y la comunidad buscan una respuesta concreta: responsabilidades judiciales, verdad sobre los hechos y medidas de reparación simbólica y materiales. El avance hacia juicios en ausencia plantea un dilema institucional: permite procesar y juzgar, pero no reemplaza la cooperación internacional para detener y trasladar a acusados si eso fuera posible. La fiscalía afirma que las pruebas reunidas —entre ellas cuatro declaraciones clave de diciembre de 2024 y documentación histórica— fortalecen la imputación contra Mir‑Hejazi (LA NACION). Nosotros exigimos que ese avance se dé con publicidad, garantías procesales y un enfoque humano que ponga a las víctimas en el centro, tal como reclamamos en otras causas de interés público.