Se presenta este viernes 27 de marzo de 2026 a las 19 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario “Cuadernos sobre criminalidad económica 2”, la segunda entrega de la publicación del programa EcoCrim del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) —según El Ciudadano—, en un panel integrado por cuatro oradores: la fiscala general María Cecilia Vranicich, la periodista Sonia Tessa, el decano Hernán Botta y Darío Maiorana (director del CEI).
¿De qué trata el cuaderno y por qué importa?
El número 2 de la serie concentra el debate en una pregunta concreta: ¿qué rol cumplen las mujeres en las organizaciones del crimen económico? El enfoque de EcoCrim combina investigación interdisciplinaria, formación de funcionarios y difusión pública, una triada útil cuando enfrentamos delitos que atraviesan finanzas, cultura y estructura institucional (según la presentación citada por El Ciudadano). Observamos que preguntar por género no es un gesto académico: obliga a repensar hipótesis de imputabilidad, roles operativos y caminos de victimización que suelen invisibilizarse. Por eso la presentación pública —con 4 panelistas y en un espacio académico— cumple una función pedagógica además de investigativa (datos de la convocatoria en El Ciudadano).
¿Por qué una perspectiva de género en la criminalidad económica?
Incorporar la perspectiva de género altera tanto la investigación forense como la política criminal. Desde la sociología y la criminología hay evidencia que muestra que la división de tareas dentro de redes no siempre replica los estereotipos: mujeres pueden ocupar papeles centrales en la logística financiera, en la fachada empresarial o como nodos que facilitan legitimación de capitales. Además, el volumen del fenómeno exige miradas amplias: la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el lavado de activos equivale aproximadamente al 2-5% del PIB mundial, lo que subraya la magnitud económica del problema y la necesidad de abordajes específicos por sexo para identificar vulnerabilidades y mecanismos de control (según UNODC).
¿Qué implica esto para la investigación y la persecución penal?
Observamos una doble exigencia: mejores herramientas técnicas y formación sensible al género para funcionarios judiciales y peritos. La presencia de una fiscala general en el panel muestra la intención de conectar investigación y práctica procesal, pero eso no alcanza si no se traduce en protocolos, capacitación continua y sistemas de recolección de evidencia que consideren dinámicas familiares, empresariales y financieras. La presentación del 27/3/2026 llega un día después de que la Auditoría General de la Nación anunciara una auditoría sobre la gestión de la Anmat (26/3/2026), lo que nos recuerda que la persecución de delitos económicos necesita controles institucionales y transparencia en paralelo (ver nota de la AGN sobre la Anmat para contexto: https://diariosantafe.com.ar/politica/la-agn-auditara-la-gestion-de-la-anmat-por-fentanilo-contami-2026-03-26).
Qué exigimos desde la calle y desde la universidad
Vemos en EcoCrim una herramienta útil, pero insuficiente si queda en el ámbito académico. Exigimos formación sostenida para funcionarios (fiscales, peritos, policías económicos), auditorías transparentes que permitan rastrear fallas institucionales y protocolos claros de protección para testigos y víctimas que a menudo son mujeres o familiares que quedan expuestas. La publicación y su presentación (segunda entrega, 2, según El Ciudadano) son un punto de partida: la discusión debe traducirse en políticas públicas y rutinas institucionales, no solo en mesas de debate. Para eso hacen falta recursos, mandato político y control ciudadano; sin eso, la investigación se queda en artículos y la criminalidad económica sigue encontrando agujeros en la trama estatal.
