La discusión que se escuchó en San Pablo resume un dilema concreto: acelerar el acceso a tecnologías autorizadas no equivale a mejorar la salud pública. Según La Nación, Esteban Lifschitz planteó que la Argentina necesita una Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits) —anunciada en la Casa Rosada y por cumplir casi un año— para decidir qué cubrir con criterios de evidencia y valor, antes que dejar esas decisiones al mercado o a la justicia.

¿Por qué no financiar todo lo aprobado?

Vemos dos problemas prácticos. Primero, las agencias regulatorias (como la ANMAT) certifican seguridad, calidad y eficacia; no evalúan comparativamente valor relativo ni prioridad poblacional. Segundo, el mercado cambió: según La Nación citando a Lifschitz, entre 2004 y 2008 el 75% de los nuevos fármacos oncológicos aprobados por la FDA costaban entre US$10.000 y US$100.000 por paciente/año; entre 2019 y 2023 el 55% se ubicó entre US$200.000 y US$500.000. Esa comparación temporal muestra que el problema hoy es de escala de precios y de presión sobre presupuestos, no solo de aprobación técnica.

La consecuencia práctica es que, si se prioriza el precio antes de la evidencia clínica comparada, se puede financiar tecnologías que no aportan desenlaces relevantes (mortalidad o calidad de vida) frente a otras intervenciones subutilizadas.

¿Qué puede aportar una agencia como Anefits?

Una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) organiza evidencia, compara alternativas y valora desenlaces clínicos relevantes. Según La Nación, Lifschitz recordó estudios que muestran efectos modestos: entre 2000 y 2020 la FDA aprobó 145 medicamentos para 156 indicaciones con una mejoría media de la sobrevida de 2,55 meses y solo el 4% mejoró calidad de vida —datos que deben interpretarse con cautela, pero que ilustran por qué no alcanza con autorizar. Una ETS puede estimar cuánto aporta cada intervención en desenlaces que importan a los pacientes y, luego, discutir precio y cobertura.

Ese orden —primero calidad de la evidencia, después costo— permite maximizar el beneficio poblacional con el presupuesto finito. Además, una agencia puede proponer una canasta común de prestaciones que reemplace al actual PMO, tal como propuso el orador en San Pablo: pensar la cobertura desde la enfermedad y la necesidad, no desde el catálogo de tecnologías disponibles.

Riesgos de financiar sin evaluación

Sin un proceso sistematizado y transparente, existen dos riesgos directos. El primero es la judicialización: amparos que obligan a cubrir una tecnología no siempre basada en evidencia comparativa terminan consumiendo recursos que podrían dar mayor beneficio si se asignaran a otras intervenciones. El segundo es la inequidad territorial: financiadores distintos (nación, provincias, obras sociales) asumen decisiones heterogéneas y la fragmentación deja a pacientes sin respuestas coherentes.

La solución no es negar el acceso a innovaciones, sino evaluar el valor real y decidir en qué condiciones clínicas y a qué precio conviene financiar. Esa metodología protege tanto al paciente como al financiador, reduce el gasto ineficiente y orienta la investigación hacia desenlaces relevantes.

Qué exigimos desde la calle y el barrio

Exigimos que Anefits nazca operativa, con procedimientos públicos, reproducibles y participativos. La agencia debe incluir representación federal y mecanismos para que provincias y obras sociales confíen en sus métodos; la adhesión puede comenzar siendo voluntaria, pero la solidez técnica debe hacerla de hecho vinculante. Pedimos además que las decisiones prioricen el beneficio clínico medible para los pacientes y que el precio sea el último eslabón del análisis, como planteó Lifschitz.

La salud pública es un derecho: gastar más no garantiza mejores resultados; gastar mejor, sí. Ante una ola de nuevas tecnologías y precios crecientes, la Argentina no puede posponer la evaluación sistemática. Exigimos transparencia, participación social y que la protección del presupuesto público vaya de la mano con la protección de pacientes vulnerables.