La Legislatura de Córdoba inició el jury contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso; la primera audiencia duró 11 horas y dejó en evidencia una causa que lleva casi 20 años sin resolución. Según El Ciudadano (22/4/2026), tres de los seis fiscales que intervinieron están en el banquillo, la víctima fue hallada el 25/11/2006 y la causa prescribió el 25/11/2021. Ese dato temporal —prescripción en 2021 y hallazgo de nuevo material genético el 23/12/2024— resume la tensión: pruebas tardías, procesos administrativos y familias que exigen respuestas.

¿Qué pasó en la audiencia y qué números importan?

La jornada inaugural, que duró 11 horas según El Ciudadano (22/4/2026), incluyó testimonios extensos de los tres fiscales. Di Santo explicó que lleva 38 años en la Justicia; Miralles dijo tener 26 años de servicio; Pizarro señaló que viajaba 143 km de ida y 143 km de vuelta por su trabajo (El Ciudadano, 22/4/2026). Esos tres números no son anecdóticos: hablan de experiencia institucional, pero también de sobrecarga y distribución de recursos. Además, la acusación puntualizó que 3 de 6 fiscales están siendo juzgados, lo que subraya que no toda la fiscalía fue puesta en cuestión, sino intervenciones puntuales en una investigación dilatada. El dato del hallazgo genético del 23/12/2024 (El Ciudadano) añade una variable técnica que complica la lectura: ¿por qué aparece evidencia nueva cuatro años después de la prescripción?

¿Por qué llega ahora el jury y qué indica sobre las instituciones?

El jury llega después de años de revisiones judiciales y una causa que, según la crónica, prescribió el 25/11/2021 (El Ciudadano, 22/4/2026). La familia criticó no haber recibido contención y acusó a los fiscales de “persecución familiar”; por su parte, los acusados defendieron medidas adoptadas en contextos de alta presión mediática. Desde un lente institucional vemos tres problemas claros: 1) demoras procesales que facilitan la prescripción —la causa se extendió más de 15 años antes de prescribir—; 2) asignación insuficiente de recursos: Pizarro afirmó tener una sola prosecretaria para varias fiscalías (El Ciudadano); 3) fragmentación de la cadena investigativa: decisiones avaladas por jueces y camaristas pero cuestionadas por posteriores hallazgos genéticos. Es legítimo preguntar si el sistema de control interno y los mecanismos de seguimiento de causas complejas están funcionando.

¿Qué significa esto para la familia, la opinión pública y la credibilidad del Ministerio Público?

Para la familia Macarrón-Dalmasso la audiencia fue una nueva instancia para exigir responsabilidad: el viudo declaró que la causa “los llevó 19 años” (El Ciudadano, 22/4/2026). Para el público, el espectáculo mediático y los cruces entre peritos minan la confianza: Pizarro cuestionó la calidad de peritajes oficiales y reivindicó peritos particulares con pasados controvertidos (según la nota). Desde el lente fiscal y social, exigimos transparencia: ¿quién decidió no avanzar sobre determinadas líneas con la fuerza probatoria necesaria? ¿Qué protocolos se aplicaron para preservar la cadena de custodia en 2006 y cómo se revisaron tras el hallazgo de 2024? Los números aportados en la audiencia —fechas, años de carrera, kilómetros recorridos— no son sólo color: explican limitaciones operativas que terminan afectando la posibilidad de resolver casos emblemáticos.

Hacia dónde mirar: exigencias mínimas de transparencia y resultados

Vemos necesario que, además del proceso disciplinario, se haga pública una auditoría técnica independiente sobre la investigación original y las decisiones jurisdiccionales que permitieron la prescripción. Pedimos que esa auditoría detalle cronogramas, responsabilidades y recursos asignados —un ejercicio que otras provincias han aplicado en causas de alta complejidad— y que sus conclusiones se compartan con la familia. En términos prácticos: la Legislatura debe garantizar plazos y acceso a la documentación; la Fiscalía General, transparencia sobre quién autorizó viajes o estrategias; y el Poder Judicial, explicaciones sobre demoras que derivaron en prescripción. Sin ese cruce de datos y rendición de cuentas, el jury será sólo un episodio más en una causa que exige respuestas claras y verificables.