Omar Rendón, chofer de Uber de 63 años y de nacionalidad colombiana, fue asesinado; su cuerpo apareció el domingo 29 de marzo al costado de un camino de tierra entre Ricardone y Roldán, tres días después de su desaparición el jueves 26 de marzo, según la causa a cargo del fiscal Carlos Ortigoza. Su familia, en diálogo con Rosario3, aportó datos sobre su rutina y la sospecha inicial: mensajes extraños y suplantación de identidad desde uno de sus teléfonos que permitieron seguir la pista por geolocalización.
Qué probaron los peritos y qué vincula a los detenidos
La investigación judicial avanzó rápido sobre dos ejes: geolocalización y pruebas químicas. Según fuentes policiales y los peritos de la PDI, el reactivo luminol dio positivo en al menos tres superficies dentro de una vivienda de Echeverría 105, en San Lorenzo: sobre un colchón, en una pared y en el piso. En el lugar secuestraron prendas que también arrojaron indicios compatibles con manchas de sangre, varios celulares (cantidad no especificada en el parte) y objetos como un martillo y un matafuegos que, según la investigación, pertenecían al Fiat Siena de la víctima. En un Chevrolet Astra estacionado frente a esa casa el luminol evidenció dos gotas de sangre. La Policía detuvo a una mujer, identificada como Agustina E., quien confesó la ubicación del cuerpo, y la noche anterior había sido aprehendido un allegado, Ezequiel R., en esa misma vivienda, donde impactó la geolocalización del celular robado a Rendón, según la causa.
¿Cómo vivía Rendón y qué dice esto sobre la informalidad laboral?
Rendón había llegado de Colombia hace 14 años y se había radicado en Capitán Bermúdez, según contó su hijo Edwin a Rosario3. Tenía 63 años y combinaba las mañanas trabajando con Uber en el Cordón Industrial con la venta de sábanas y acolchados y tareas de plomería. La investigación consignó que la víctima usaba dos teléfonos: uno reciente para la aplicación de transporte y otro de uso personal. Fue justamente desde uno de esos aparatos que comenzaron a escribirse mensajes a clientes del rubro blanquería pidiendo dinero, pauta que alertó a la familia y permitió rastrear la geolocalización. Este caso expone la vulnerabilidad de quienes dependen de trabajos informales o por plataformas: un solo dispositivo puede ser la llave de ingresos y, al mismo tiempo, un vector para estafas o para la localización cuando algo sale mal.
Qué falta esclarecer y qué reclaman la familia y el barrio
La causa fue caratulada en principio como un homicidio “criminis causa”, es decir, un crimen cometido para encubrir un robo, según el fiscal Ortigoza. Quedan pendientes varias piezas claves: la aparición del Fiat Siena de la víctima y de sus teléfonos, la pericia de ADN que confirme la vinculación de las manchas encontradas con Rendón, y el esclarecimiento del motivo y la participación exacta de cada detenido. Desde la familia y vecinos se reclama investigación transparente, acompañamiento estatal y protección, reclamos que coinciden con la necesidad de no dejar el caso en manos solo de la reacción policial. En tres días hubo detenciones y el hallazgo del cuerpo; ahora la causa entra en una etapa forense y judicial que puede extenderse semanas mientras se analizan rastros, se toman declaraciones y se reúne la prueba necesaria para llevar el proceso a juicio, según fuentes judiciales.
En términos territoriales, el hecho enlaza a Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Roldán, y deja en evidencia cómo delitos contra trabajadores móviles repercuten en familias migrantes y barrios con escasa protección social. Exigimos investigación transparente, presencia estatal permanente y acompañamiento a la familia y a la comunidad mientras la investigación avanza, en concordancia con la obligación de garantizar verdad y reparación.
