El 70,9% de las personas que alquilan en la Argentina declara tener deudas activas, y más de la mitad se endeudó para comprar alimentos, según la encuesta nacional de Inquilinos Agrupados (marzo 2026). Este dato sintetiza el desplazamiento de la crisis: ya no sólo falta vivienda asequible, sino que la pérdida de poder adquisitivo convierte al pago del alquiler en un factor que empuja al recorte de consumo básico.
¿Qué dice la encuesta y por qué importa?
La encuesta de Inquilinos Agrupados muestra un cambio estructural en las prioridades de los hogares que alquilan: el 96,4% señaló al salario como su principal problema, 94,6% al empleo y 94,3% a la vivienda (Inquilinos Agrupados, marzo 2026). Por primera vez en la serie, la preocupación por el salario supera a la preocupación por el acceso a la vivienda, lo que indica que la capacidad de pago se ha deteriorado hasta condicionar la permanencia en la vivienda. Además, el 17,2% tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler, con picos en Neuquén (33,3%) y Córdoba (23,1%) (Inquilinos Agrupados). Estos números importan porque muestran que el problema habitacional está siendo impulsado por la crisis del ingreso: si no se detiene la erosión salarial, las expulsiones habitacionales crecerán incluso sin cambios en la oferta de vivienda.
El dato que muestra la extensión del ajuste en los hogares
El relevamiento documenta formas concretas de ajuste: 65,1% recortó gastos en comida y 29,7% sólo accede a una o dos comidas por día (Inquilinos Agrupados). Para jubilados que alquilan la situación es aún más severa: 86,1% destina 40% o más de sus ingresos al alquiler y 41,7% realiza una o dos comidas diarias (Inquilinos Agrupados). En materia de endeudamiento, 53,2% se endeudó para comprar alimentos y 38,9% para pagar alquileres; además el 65,2% mantiene deuda en tarjetas (Inquilinos Agrupados). La frecuencia de los ajustes contractuales (aumentos cada tres o cuatro meses para el 70% de los encuestados) complica la planificación familiar y obliga al acceso frecuente al crédito de consumo. Estos indicadores describen una presión sostenida sobre la capacidad de gasto de sectores que viven del salario o de ingresos fijos.
¿Cómo impacta esto en Santa Fe y en la gestión provincial?
La totalidad de los encuestados de Santa Fe manifestó preocupación por su situación habitacional (Inquilinos Agrupados). Esto enlaza directamente con las tensiones provinciales sobre salarios y empleo: cuando el salario real cae, la demanda por políticas públicas de alivio y por negociación salarial crece. En Santa Fe, donde los sueldos provinciales y municipales son pieza clave de la economía local, la falta de poder adquisitivo se traslada al comercio y a la recaudación. Vemos además un vínculo con la conflictividad laboral reciente: la negociación con estatales y el paro de Festram muestran que la discusión salarial no es sólo abstracta — impacta en la prestación de servicios y en la estabilidad municipal (ver cronograma y alcance del pago de sueldos y el paro de Festram). Si la provincia no articula una estrategia que combine paritarias reales y medidas focalizadas de alivio, el estrés habitacional puede traducirse en mayor demanda de servicios sociales y presión presupuestaria.
Qué deberían hacer las políticas públicas: tres prioridades
Primero, proteger el ingreso real: exigir paritarias que contemplen inflación y recuperación del poder adquisitivo, con reglas transparentes sobre la financiación y plazos (coherente con nuestra exigencia previa de transparencia en paritarias). Segundo, medidas específicas para inquilinos vulnerables: asistencia directa para jubilados que destinan más del 40% de su ingreso al alquiler (86,1% según la encuesta), subsidios temporales ligados a la pérdida de empleo y ampliar programas de acceso a alimentos sin condicionar la permanencia en la vivienda. Tercero, regulación de la dinámica contractual: revisar la indexación de contratos que hoy obliga ajustes cada 3-4 meses para el 70% de los encuestados (Inquilinos Agrupados) y promover mecanismos que estabilicen los periodos de actualización.
La política provincial debe combinar sensibilidad social con disciplina fiscal: cualquier alivio requiere partidas concretas en el presupuesto y criterios de focalización para no dispersar recursos. Exigimos negociaciones transparentes que protejan salarios y eviten que la solución al problema habitacional recaiga únicamente en subsidios improvisados. Si no hay claridad sobre de dónde sale la plata y cómo se asigna, las medidas no durarán y la crisis de los inquilinos seguirá profundizándose.
