En la mañana del 2 de marzo de 2026 fue detenido en Rosario un hombre señalado por la investigación como quien condujo la motocicleta que trasladó a los tiratiros que abrieron fuego en el supermercado Carrefour de barrio República de la Sexta el 22 de febrero de 2026 (según la fiscal Paula Barros). El detenido, identificado como Sergio Leonardi, quedó a disposición de la fiscalía tras un operativo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) realizado en el complejo de Avellaneda y Winter, en barrio Acindar. El ataque en la cochera de Chacabuco y Ocampo incluyó nueve disparos frente a clientes, uno de los cuales fue herido y dado de alta ese mismo día (según la fiscal).

¿Qué pasó en la República de la Sexta y quién fue detenido?

El 22 de febrero de 2026, alrededor de la tarde, dos ocupantes de una moto efectuaron nueve disparos en la cochera del Carrefour de Chacabuco y Ocampo; la escena quedó registrada por la investigación judicial que dirige la fiscal Paula Barros (nueve disparos, según la fiscal). Un cliente recibió un impacto en el tórax y fue internado, aunque recibió el alta el mismo día, según el parte fiscal. La detención de Sergio Leonardi se produjo 9 días después del ataque, el 2 de marzo, después de un operativo encubierto de la Uval en distintos sectores del Fonavi —el plazo de 9 días entre hecho y captura indica una respuesta relativamente ágil en una investigación por intimidación pública, según fuentes judiciales.

Al momento del arresto Leonardi estaba acompañado por otro hombre que fue demorado; en el lugar los investigadores secuestraron una amenaza escrita que la pesquisa vincula con otros ataques intimidatorios ocurridos días después en Zelaya al 1300 y en un supermercado de Lejarza y Felipe Moré (según fuentes policiales). La fiscal Barros imputó la causa por intimidación pública y sigue investigando la cadena de responsabilidades.

Lente territorial y social: qué dice esto del barrio y de las bandas

La investigación cruzó el mapa de la ciudad: el ataque principal ocurrió en República de la Sexta, la detención en el Fonavi de barrio Acindar, y otros hechos se repitieron en Zelaya al 1300 y Lejarza y Felipe Moré. Ese circuito mezcla comercios de cercanía, cocheras y complejos de vivienda social. Las modalidades —tiratiros en moto, amenazas escritas y ataques replicados— responden a una lógica de intimidación pública que busca imponer territorios o imponer mensajes sin entrar en enfrentamientos a cara descubierta.

Para entenderlo no alcanza con la cronología: hace falta escuchar a los vecinos que denuncian miedo y prácticas de silencio. También hace falta presencia estatal sostenida: patrullajes puntuales no resuelven la disputa de poder ni las redes de venta de drogas que, según la pesquisa, están en el trasfondo del conflicto. El hecho de que la amenaza se replicara en al menos dos direcciones con números visibles en las direcciones demuestra un patrón de intimidación focalizado en la zona sur-centro de Rosario, según las fuentes judiciales consultadas.

Lente institucional: qué hicieron la policía, la justicia y qué falta

La Uval llevó adelante el operativo encubierto que terminó con la detención en Avellaneda y Winter y con el secuestro de material probatorio. Además, este fin de semana la Policía detuvo en Belgrano al 900 B a Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, ciudadano colombiano expulsado del país en 2023 y señalado como presunto ideólogo; fue imputado en la Justicia federal en una causa por venta de drogas derivada de una investigación de la PSA, según la fiscal Barros. Es decir, la pesquisa tiene ramificaciones federales y locales: hay detenciones en al menos dos puntos de la ciudad y una vinculación con causas por narcotráfico.

Esa articulación es positiva, pero no alcanza. Defendemos una presencia estatal sostenida que combine investigaciones certeras con políticas sociales que reduzcan la violencia estructural. La captura en 9 días muestra coordinación policial y judicial, pero los vecinos reclaman prevención, iluminación, políticas de inclusión y respuestas en los dispositivos sociales y educativos. Pedimos además transparencia sobre los tiempos de las investigaciones y sobre cómo se despliegan recursos en barrios como la Sexta y Acindar.

En perspectiva, la detención obliga a seguir la investigación: quién ordenó, con qué objetivo se hicieron las amenazas escritas y cómo se financia esa violencia. Mientras tanto, las familias que viven cerca de Chacabuco y Ocampo, y los trabajadores del comercio, siguen esperando medidas que permitan recuperar la cotidianeidad sin vivir pendientes de nuevos ataques.