Una mujer de 26 años fue detenida el martes 4 de marzo en la zona sudoeste de Rosario en el marco de la investigación por intimidación pública y lesiones con arma de fuego que se originó el 22 de febrero en el ingreso del estacionamiento del supermercado Carrefour, en Ocampo y Chacabuco, informaron fuentes de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación apunta a su presunta tarea de vigilancia y la fiscal Marisol Barros la imputará en los próximos días.
¿Qué ocurrió y quiénes están señalados?
Según la fiscalía UVAL del MPA, el hecho ocurrió el 22 de febrero en inmediaciones de Ocampo y Chacabuco, donde una persona resultó herida de arma de fuego. El 4 de marzo los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) identificaron y detuvieron a Yamila Evelyn S., de 26 años, sindicada de realizar tareas de vigilancia. En los allanamientos autorizados por el juez Alejandro Negroni, en tres viviendas ubicadas en un pasillo de Avellaneda al 4700, se secuestraron 5 teléfonos celulares, 2 DNI, prendas y una motocicleta Keller 110 cc, según el parte judicial. La causa ya tenía, además, dos hombres detenidos por el mismo ataque, según fuentes del MPA.
¿Cómo avanzó la investigación institucionalmente?
Vemos una investigación a cargo de la UVAL que combina tareas de gabinete y medidas cautelares en la calle. La fiscal Marisol Barros solicitó los allanamientos que fueron autorizados por el juez Negroni y ejecutados por la PDI, y los resultados —detención e incautación de elementos— llegaron 11 días después del hecho, una comparación temporal directa entre la fecha del ataque (22/2) y la detención (4/3). Esas 48 horas de visibilidad pública inicial fueron seguida por trabajo de campo más discreto: tres domicilios intervenidos y material probatorio para vincular a la sospechosa con el rol que se le atribuye, según el MPA. La investigación sigue abierta y la imputación formal se espera en los próximos días.
¿Qué dicen y sienten los vecinos del lugar?
Vecinos del pasillo de Avellaneda al 4700 y del sudoeste rosarino han señalado preocupación por la presencia de motos y de personas que circulan por la zona, según testimonios recabados por este medio. No contamos con cifras oficiales públicas sobre la frecuencia de hechos similares en ese microterritorio, pero el hecho de que se registrara un herido en el acceso a un supermercado altera la sensación de seguridad de quienes van a comprar. La vida cotidiana cerca de comercios se vuelve más tensa cuando se usan espacios públicos como escenario de intimidación; por eso es clave escuchar a quienes sufren el miedo diario y no limitar la respuesta a la investigación penal.
Qué falta: prevención y presencia estatal sostenida
La investigación judicial es necesaria, pero no alcanza. Exigimos presencia estatal sostenida: controles en zonas comerciales, políticas sociales que reduzcan circuitos de violencia y programas de prevención que recuperen espacios de encuentro. En este caso puntual hay elementos materiales secuestrados —5 teléfonos y una moto, según la fiscalía— que pueden ayudar a reconstruir la cadena de responsabilidades. Al mismo tiempo, reclamamos que las medidas no queden sólo en detenciones: necesitamos planes locales de seguridad que combinen prevención, inversión en iluminación y cámaras en puntos críticos, y diálogo con comerciantes y vecinos. Esta postura se alinea con nuestra exigencia previa de políticas integrales que no se limiten a la represión.
Para quien quiera entender el contexto comercial y regulatorio en el que ocurren estos episodios, recomendamos leer el análisis sobre el régimen Rimi y sus implicancias para Santa Fe, que plantea preguntas sobre cómo se organiza el comercio en territorios urbanos y su relación con la seguridad: https://diariosantafe.com.ar/politica/que-ofrece-el-regimen-rimi-y-que-preguntas-plantea-para-sant-2026-03-03
La causa continúa en instrucción y la fiscalía confirmó que la detenida será imputada por su posible participación en el atentado; seguiremos la evolución del expediente y lo que reclaman los vecinos para que la respuesta del Estado no sea puntual sino sostenida en el tiempo.
