Un joven de Pérez quedó en prisión preventiva acusado de participar en la entradera cometida el 31 de enero en un domicilio de Nuestra Señora del Rosario al 600, en Los Molinos. Según el fiscal Juan Pablo Oggero, los asaltantes se llevaron 3.000 dólares y 1.800.000 pesos, además de alianzas y una camioneta Renault Alaskan; la jueza Mariel Minetti fijó la preventiva hasta el 26 de mayo. La causa, según la investigación judicial, relaciona este hecho con otros similares en la región.
¿Qué pasó en Los Molinos y quién quedó preso?
La acusación formal apunta a Marcelo Argentino Giménez, de 19 años, como coautor del robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda, según el fiscal Juan Pablo Oggero. El atraco ocurrió entre las 5 y las 5.30 del 31 de enero; los pesquisas establecieron que los asaltantes llegaron en un Chevrolet Corsa gris y se alzaron con 3.000 dólares y 1.800.000 pesos, según el expediente. A Giménez le secuestraron una carabina Bataan Super 54 calibre .22 largo, seis municiones calibre .22, 17 municiones 9 mm, 12 municiones .380 y 47 cartuchos calibre 12, de acuerdo con el acta de secuestro.
El otro detenido por el mismo hecho es Micaías Balbi, de 23 años, apodado “Duende nocturno”, con antecedentes por delitos contra la propiedad; fue detenido por la PDI el 6 de febrero, seis días después del robo, y en ese operativo secuestraron tres vehículos con pedido de secuestro, incluido el Corsa gris. La investigación sigue abierta: hay al menos un sospechoso identificado que eludió allanamientos recientes, según fuentes judiciales.
Contexto territorial y policial: ¿por qué importa esto en la región?
Los Molinos es una localidad de alrededor de 2.000 habitantes, a poco más de 70 kilómetros de Rosario, según consta en la causa y en registros locales. La fiscalía vincula el atraco con una “saga” de hechos que comenzó en 2026 y afectó, de acuerdo con la misma investigación, a por lo menos ocho localidades de la zona: Maciel, San Fabián, Barrancas, Acebal, Los Molinos, Armstrong, Coronel Arnold y Pujato. Ese alcance territorial obliga a pensar la seguridad más allá de una comisaría: los allanamientos coordinados por la PDI permitieron detenciones y el secuestro de varios vehículos y armas, pero también mostraron la movilidad de estas bandas entre comunas pequeñas.
La detención de Balbi a los seis días del hecho y la posterior imputación de Giménez muestran una respuesta investigativa activa, pero la dispersión geográfica —ocho localidades en semanas— plantea la necesidad de coordinación interjurisdiccional. Además, la presencia policial en ruta y en los accesos rurales suele ser más limitada: eso eleva la probabilidad de que vehículos con pedido de secuestro circulen varios tramos antes de ser detectados, según fuentes de la investigación.
¿Qué piden los vecinos y qué debe hacer el Estado?
En barrios y pueblos pequeños las víctimas no son estadísticas: son familias, vecinos, comercios. En Los Molinos el impacto fue inmediato y el reclamo por seguridad se mezcla con el miedo a que vuelva a repetirse. Como recordó la dirigente María Migliore, “la escuela y el club son las instituciones desde donde podemos reconstruir el tejido social”; esa mirada coincide con lo que vemos en terreno: la prevención requiere más que operativos reactivos.
Proponemos tres ejes: primero, consolidar la respuesta policial con investigaciones interjurisdiccionales y más recursos para la PDI y las fiscalías locales; segundo, fortalecer presencia estatal cotidiana en espacios públicos, escuelas y clubes para recuperar la convivencia; tercero, políticas sociales locales que reduzcan la vulnerabilidad que las bandas explotan. La prisión preventiva dispuesta hasta el 26 de mayo —casi tres meses— da tiempo a investigar, pero la comunidad necesita señales de prevención y acompañamiento a las víctimas. Exigimos transparencia judicial en el avance de la causa y presencia estatal sostenida donde más se necesita.
