Vecinos del Paraje Echeverría, en el límite entre Ibarlucea y Luis Palacios, realizaron un corte total en el cruce de las rutas 34 y A012 el miércoles 8/4/2026 para exigir mejoras en los servicios viales y de energía. Según los manifestantes, en el barrio viven unas 100 familias que quieren pagar y tener medidores pero quedan fuera del tendido formal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La protesta, con quema de cubiertas, generó congestión en una vía utilizada por camiones que intentaban llegar a los puertos cerealeros. La Policía se acercó para asistir a automovilistas y dispuso un operativo de tránsito.
¿Por qué cortan las rutas 34 y A012?
El corte responde a dos reclamos concretos: electrificación formal y arreglo vial. Los vecinos aseguran que, pese a querer regularizar las conexiones, no están incluidos en el tendido de la EPE y por eso padecen baja tensión que daña electrodomésticos. En el terreno vial, señalan tramos con pozos y agua acumulada que producen roturas en los vehículos. El cruce de las rutas 34 y A012 es un punto logístico para la salida de granos hacia los puertos, por eso la interrupción impacta el tránsito pesado. Según la crónica del hecho, la protesta comenzó el 8/4/2026 y el bloqueo fue total; la elección del punto no es casual: visibiliza una demanda local en un nudo de circulación regional. Para entender la protesta hay que verla como un reclamo de servicios básicos y de reconocimiento formal como usuarios por parte de la EPE.
¿Qué respuestas hubo y qué falta aclarar?
En el lugar, la Policía actuó para ordenar el tránsito y asistir a automovilistas, según la cobertura. No se registraron declaraciones oficiales de la EPE ni de la Dirección de Vialidad provincial en la nota base. Los vecinos anunciaron que mantendrán la protesta por tiempo indeterminado hasta obtener respuestas; a diferencia de cortes que suelen levantarse en horas, este se plantea como una medida sostenida. Falta saber: si existe un plan de ampliación del tendido eléctrico para parajes limítrofes, cuántas conexiones formales se podrían realizar y cuál sería el cronograma de obras viales. Sin respuestas públicas ni datos de la EPE o Vialidad, el reclamo queda sobre la base de relatos vecinales y daños materiales denunciados por los propios habitantes.
¿Qué implica esto para la presencia del Estado en barrios periurbanos?
La protesta revela una ausencia estatal que se repite en muchos parajes: falta de infraestructura regular y de vías en condiciones. Cuando familias dicen que “quieren pagar y tener medidores”, señalan que no piden subsidios sino inclusión regulatoria. Desde nuestra perspectiva, esto exige medidas sostenidas de presencia estatal en energía y vialidad, no solo comunicados. La falta de inversión en tramos secundarios genera costos privados (roturas, baja tensión) y costos sociales (accidentes, pérdida de trabajo por vehículos fuera de servicio). Exigimos investigación pública y planes concretos: relevamiento de usuarios sin medidor, cronograma de conexión, y mantenimiento vial focalizado. La solución no pasa únicamente por la fuerza pública para despejar cortes, sino por políticas que atiendan las causas estructurales.
¿Qué esperar ahora y cómo seguir la historia?
El escenario inmediato es la negociación entre representantes vecinales, la EPE y la Provincia. Para que la protesta deje de ser un episodio, hace falta un compromiso verificable: plazos de obra, cantidad de conexiones a realizar y mantenimiento de rutas. En ausencia de anuncios, la medida puede extenderse y afectar el flujo hacia los puertos; por eso también hay un interés económico regional en resolverlo. Observamos que reclamos similares en la provincia a menudo exigen jornadas de visibilización hasta obtener reuniones técnicas. Pedimos a las autoridades provinciales y a la EPE que publiquen datos de cobertura y plazos; si esos datos no existen, que se inicie un relevamiento público. La noticia está en la calle, no en los comunicados: hay que escuchar a las 100 familias y traducir su demanda en respuestas medibles.
