El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz abrió el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan: cuatro exjefes de la Fuerza de Submarinos están acusados de incumplimiento de deberes y falta de mantenimiento, y el expediente prevé la declaración de 120 testigos, según el requerimiento de elevación a juicio. El tribunal fijó un cronograma para intentar oír entre seis y ocho testigos por día y proyecta un veredicto para mediados de julio. La causa retoma en sede pública años de advertencias técnicas que la fiscalía considera determinantes para entender por qué la nave implosionó en noviembre de 2017 y fue hallada un año después.

¿Qué se juzga exactamente?

La acusación, formulada por la fiscalía federal de Caleta Olivia y la PIA, sostiene que existieron señales reiteradas sobre el estado del ARA San Juan que no fueron atendidas por la cadena de mando y que volvieron previsible la tragedia. En el requerimiento figuran 120 testigos que las partes deberán ordenar o disputar en audiencia, según lo leído por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz; el cronograma estima escuchar entre seis y ocho personas por día para cerrar la etapa testimonial en unas cinco semanas. El tribunal además aguarda la respuesta del ministro de Defensa para el levantamiento del secreto militar, trámite que permitiría mostrar planos y fotos del submarino. El inicio del juicio marca el paso de la investigación administrativa y mediática a la instancia penal donde se discutirán responsabilidades individuales en la cadena de mando.

Las pruebas y las advertencias que ya existían

Los documentos que acompañan la acusación no son vagas observaciones: tras la reparación de media vida de 2015 quedaron 33 tareas de mantenimiento correctivo sin completar, según el propio informe citado en la causa. En mayo de 2016 la Sindicatura General de la Nación advirtió emanaciones desde las baterías con riesgo para la salud de la tripulación, y en diciembre de 2016 una auditoría de la Inspección General de la Armada señaló falta de certificación de escotillas y pendientes de dique seco. El jefe de la unidad en marzo de 2017 dijo que el submarino llevaba 37 meses en el agua cuando el máximo recomendado es 18 meses, y reportó periscopios fuera de servicio, ruidos en la línea de eje y pérdidas de aceite. Esos números y fechas son el centro del debate sobre negligencia técnica previo al último zarpado.

¿Por qué importa que exista secreto militar?

El secreto militar condiciona el acceso público a pruebas que, según las querellas y la fiscalía, podrían esclarecer responsabilidades: planos, fotos y detalles técnicos quedarían condicionados a la autorización del Ministerio de Defensa. Los jueces pidieron el levantamiento del secreto para poder exhibir públicamente datos técnicos como la prueba hidráulica que debía realizarse a 62,5 bares, o la lista de válvulas H1, H2, H15 y H16 cuya estanqueidad estaba cuestionada. Mientras tanto, las audiencias avanzan con testigos y documentos disponibles, pero la ausencia de material completo limita la fiscalización social y la posibilidad de que las familias de las víctimas y la sociedad comprendan el conjunto de decisiones institucionales que condujeron a la tragedia.

Qué implica este juicio para la Armada y el Estado

Este proceso no es sólo una cuenta penal por una catástrofe naval: es una prueba de capacidad institucional para mantener activos estratégicos, auditar su estado y garantizar la vida de sus tripulantes. Cuando un buque quedó 37 meses sin dique seco frente a un máximo recomendado de 18 meses, no hablamos sólo de un dato técnico sino de decisiones presupuestarias, de control y de prioridades políticas. Exigimos presencia estatal sostenida en materia de mantenimiento, control y transparencia en las fuerzas armadas para que la prevención se imponga a la reacción. El veredicto previsto para mediados de julio será un punto de inflexión, pero la reparación institucional exige medidas de fondo: planes de mantenimiento certificados, auditorías con acceso público y protocolos claros de seguridad y rescate.