Comienza el juicio contra Francisco “Fran” Riquelme y otros 14 acusados por una asociación ilícita que, según la fiscalía, protagonizó una ola de violencia en el noroeste de Rosario entre marzo de 2021 y junio de 2023, con alrededor de 50 muertos atribuidos a la disputa territorial.
¿Qué se juzga exactamente?
La causa incluye a 15 personas sentadas en el banquillo: Riquelme, diez imputados que integraban su grupo y cuatro acusados por fuera de la banda, según la fiscalía. Se los acusa de integrar una asociación ilícita y de cometer, entre otros hechos, seis homicidios y una tentativa que serán debatidos en el juicio. Los fiscales solicitaron penas que van desde la prisión perpetua para 12 de los imputados hasta condenas de 7 a 8 años para los tres restantes, de acuerdo con el planteo oficial. El periodo investigado —marzo de 2021 a junio de 2023— es relevante porque, tal como consignan los fiscales, buena parte de la violencia se desató después de la detención de Riquelme en abril de 2020, lo que sugiere control operativo desde los penales.
¿Cuál es el mapa territorial del conflicto?
La acusación sitúa la actividad de “Los Riquelme” principalmente en asentamientos sobre terrenos ferroviarios de Empalme Graneros, Ludueña e Industrial, en el noroeste de la ciudad. Allí se dio la disputa con otra banda ligada a la órbita de Los Monos, que también articuló desde cárceles de la región. Según los fiscales, la contienda dejó alrededor de 50 víctimas fatales y una cotidianeidad marcada por balaceras contra domicilios, escuelas y comisarías. El relato judicial incluye métodos: llamadas desde celdas, mensajes intimidatorios y videos que circularon en redes. Estos elementos muestran un dominio del territorio que se sostiene con comunicación carcelaria y tercerización de sicarios, más que con estructuras cerradas tradicionales.
¿Qué revela esto sobre la presencia del Estado y la respuesta social?
El expediente pone en evidencia fallas múltiples: control penitenciario, inteligencia policial y políticas de prevención en barrios vulnerables. Cuando una organización puede operar “desde la cárcel”, indica problemas en los controles de comunicaciones y en la gestión de prisiones. La fiscalía también trae al debate el uso de amenazas y extorsiones contra vecinos, lo que erosiona la convivencia y obliga a respuestas integrales. Desde la columna editorial, exigimos planificación, transparencia y presencia estatal sostenida para que las intervenciones culturales, educativas y de seguridad no sean parcheos temporales sino herramientas de largo plazo. No alcanza sólo con más policías si no se combinan medidas sociales, controles penitenciarios y acceso a justicia para las víctimas.
Qué falta y qué puede esperarse del juicio
El proceso judicial servirá para documentar una trama que mezcla cárceles, territorio y violencia callejera; pero la condena o absolución no resuelven por sí solas el problema estructural. Para avanzar hacen falta, además de sentencias firmes, políticas de reinserción efectiva, controles sobre comunicaciones en prisiones y programas locales de prevención en los asentamientos afectados. La fiscalía basó su acusación en evidencia que incluye filmaciones y llamadas; el pedido de penas contempla prisión perpetua para 12 imputados y 7-8 años para tres más, según su exposición. Vemos también la necesidad de transparencia en el seguimiento del caso y de que las autoridades expliquen medidas concretas para evitar que la cárcel sea una plataforma operativa. Sin eso, la justicia penal quedará como reparación parcial frente a un problema más amplio.
