Una casa en Bacle al 6500, en la zona sur de Rosario, fue atacada a tiros cerca de la 1 de la madrugada y en la vivienda dejaron una nota amenazante vinculada al asesinato del bebé ocurrido la semana pasada en una barbería, según informó Sin Mordaza. En el lugar los efectivos secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y encontraron la nota doblada sobre una ventana dirigida a un familiar de uno de los imputados.

Qué pasó y qué dicen las fuentes

Según el parte policial y la cobertura judicial, el ataque ocurrió a las 1 aproximadamente y dejó impactos de bala en la puerta de la casa ubicada en Bacle al 6500; los investigadores secuestraron cuatro vainas calibre 9 mm en el procedimiento, según Sin Mordaza. La nota estaba dirigida al primo de Alan Nahuel Vallejos, imputado por el homicidio del niño Gian Mastrocola; Vallejos, de 21 años, fue imputado en una audiencia encabezada por la fiscal Agustina Eiris y el juez Juan Ignacio Gasparini, donde sostuvo su inocencia. En esa misma audiencia la fiscal imputó a Mario Antonio Kevin Portillo como presunto autor de los disparos, y la investigación señala que Portillo abrió fuego desde una moto y luego fue retenido por un efectivo de Gendarmería que vive en la cuadra; la policía incautó un revólver calibre 38. Por decisión judicial, Portillo y Vallejos quedaron en prisión preventiva mientras los fiscales buscan detener al menos a otras tres personas.

¿Qué implica esto para el barrio y la investigación?

La secuencia temporal es clara: el homicidio ocurrió el jueves pasado en la barbería de Melincué al 6100, la imputación de Vallejos y Portillo fue el lunes y, a los pocos días, la madrugada del martes se produjo el ataque a la casa en la zona sur; es decir, los hechos se suceden en el lapso de una semana y marcan una escalada. Las amenazas escritas y los ataques contra domicilios son tácticas para amedrentar a testigos y familias, lo que complica la investigación y el acceso a la verdad; según la fiscalía, además de los dos detenidos buscan al menos a tres personas más vinculadas al hecho. Para los vecinos, cada episodio de violencia modifica la vida cotidiana: puertas cerradas, menos tránsito de gente y miedo a declarar, con impacto directo en niños y ancianos del barrio.

Qué reclaman los vecinos y qué tiene que hacer el Estado

Los vecinos consultados exigen medidas concretas: protección a testigos, patrullaje focalizado en horarios críticos y programas de prevención que lleguen a la infancia y a los jóvenes. Nosotros exigimos presencia estatal integral en barrios vulnerables: controles, prevención y justicia efectiva que impidan que viviendas sociales o familiares sean blanco de intimidaciones. No alcanza con mayor visibilidad policial sin políticas sociales: hace falta coordinación entre seguridad, salud y educación para reducir la vulnerabilidad; la agenda institucional debe contemplar recursos humanos y operativos, como la cobertura de vacantes que diversas gestiónes anunciaron (por ejemplo, se mencionó la intención de cubrir 313 vacantes en procesos administrativos recientes). Por ahora, la detención preventiva de dos imputados es un paso procesal, pero el vecindario pide acciones que protejan a las familias y permitan que la investigación siga sin presiones ni golpes de efecto en la puerta de sus casas.