La Anses confirmó que la Prestación por Desempleo se actualiza un 2,9% este mes, con un monto máximo de $352.400 y un mínimo de $176.200, y pagos programados entre el 20 y el 30 de marzo (según Anses, comunicado del 23/3/2026). Este primer párrafo reúne lo esencial: quién recibe el beneficio, cuánto paga y cuándo se deposita.

¿A quiénes alcanza y cómo se calcula?

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa, por finalización de contrato o por quiebra, e incluye trabajadores de la construcción y personal eventual (Anses, 23/3/2026). El monto se determina sobre el 75% del mejor sueldo promedio que el trabajador haya percibido en los últimos seis meses; ese resultado se somete al piso y al tope publicados: $176.200 (mínimo) y $352.400 (máximo) en la actualización vigente (Anses). Los requisitos de antigüedad varían: para trabajadores permanentes se exige al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años; para la construcción, 8 meses en los últimos 2 años; para eventuales, más de 90 días trabajados en el último año. Para tramitarla se pide DNI vigente y documento que acredite el cese laboral, y Anses garantiza además cobertura de obra social y continuidad de aportes jubilatorios.

¿Cómo impacta esto en el bolsillo y en el mercado laboral?

La actualización del 2,9% es la aplicación mensual prevista por la Ley de Movilidad Jubilatoria (según el comunicado de Anses). Técnicamente, la prestación combina cobertura económica y derechos sociales: acceso a obra social, continuidad de aportes y posibilidad de cobrar asignaciones familiares cuando corresponda (Anses). Pero la mecánica importa: si la inflación mensual supera 2,9%, el poder adquisitivo real de la prestación se reduce; esa es la liturgia cotidiana de los ajustes indexados. Anses no informó en su comunicado la cantidad de beneficiarios alcanzados ni el costo fiscal total del aumento; esa ausencia complica medir el efecto sobre la demanda interna y la presión fiscal. Además, el tope de $352.400 deja por fuera a desempleados que provienen de salarios superiores a ese umbral, que recibirán la compensación parcial calculada sobre el 75% del mejor sueldo promedio.

¿Qué deben exigir los actores públicos y los sindicatos?

Desde una perspectiva fiscal e institucional es pertinente pedir dos cosas claras: primero, transparencia sobre el universo de beneficiarios y el monto agregado que pagará Anses este mes; segundo, calibración del diseño para que las prestaciones no queden sistemáticamente por detrás de la inflación. Exigimos que Anses publique el número de beneficiarios y el impacto presupuestario por partida (requisito de rendición elemental para auditar la sostenibilidad). En el plano provincial y sindical, la actualización nacional genera un efecto espejo: si las prestaciones pierden contra la inflación, aumenta la presión sobre paritarias y sobre los servicios públicos provinciales —ver el caso de atrasos salariales en instituciones locales que ya mostramos en otra nota sobre Hogarcito San Roque (https://diariosantafe.com.ar/politica/hogarcito-san-roque-atraso-de-sueldos-y-deuda-millonaria-pon-2026-03-22). Finalmente, pedimos que las revisiones sean periódicas y con criterios públicos: calendario de pagos claro (20–30/3), datos desagregados por provincia y sector, y evaluación trimestral del poder de compra real de la prestación.

En síntesis: la suba del 2,9% (Anses, 23/3/2026) mantiene el mecanismo de protección para desempleados, con pisos y techos definidos; pero sin más datos publicados sobre beneficiarios y costo fiscal es difícil medir si la política cumple su objetivo social y fiscal. La transparencia no es un detalle técnico: es la condición para que la sociedad sepa si el sistema protege a quien más lo necesita o si, por el contrario, deja lagunas que aumentan la vulnerabilidad social.