El 30 de marzo un alumno ingresó al patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal y disparó por lo menos cinco veces con una escopeta 12/70; la víctima tenía 13 años, según la cobertura de La Nación. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el agresor formaba parte de una comunidad virtual internacional que analiza y celebra episodios de violencia escolar. Nueve días después de la agresión, el Gobierno nacional vinculó el caso a un fenómeno transnacional y dijo que la PFA, en colaboración con el FBI, identificó 15 casos en los últimos dos años y tiene cuatro más en análisis.

¿Qué pruebas presentó el Gobierno y qué falta por explicar?

La ministra habló en términos categóricos: ‘‘no es un caso aislado. No es un caso de bullying’’, según La Nación (8/4/2026). Los números aportados —15 casos identificados y cuatro en análisis en dos años— merecen ser acompañados por la exposición técnica de pruebas digitales y pericias forenses. Pedimos que la fiscalía y la fuerza encargada hagan públicas las líneas de investigación, los tipos de vinculación entre usuarios y los informes forenses que permitan verificar la existencia de una red con influencia directa sobre la acción.

Que la PFA cite un trabajo conjunto con el FBI obliga a más transparencia; la colaboración internacional no puede ser argumento exclusivo para recortes comunicacionales. La sociedad necesita saber si hubo comunicación directa entre el agresor y terceros, si hubo intercambio de guías operativas y qué medidas de prevención digital se activaron en el sistema educativo.

¿Qué faltó en la escuela y en la comunidad para prevenir esto?

Miramos el hecho desde el territorio: una escuela pública que sufrió un ataque mortal obliga a revisar infraestructura, protocolos de seguridad, detección de riesgo y redes de salud mental. No alcanza con parches comunicacionales; hace falta inversión sostenida en prevención. En el mismo momento en que hablamos de este caso, saludamos que la provincia avance en obras: la nueva Escuela Echeverría supera el 90% de avance, según una nota provincial del 7/4/2026, pero obras aisladas no resuelven la detección temprana de situaciones de riesgo en todas las escuelas.

Los vecinos y las familias esperan respuestas concretas: equipos de orientación escolar, acceso a salud mental en tiempo real, capacitación docente para identificar conductas de riesgo y protocolos claros de derivación. También hay que abordar el acceso a armas; en este hecho se utilizó una escopeta 12/70, un dato que no puede quedarse solo en la crónica policial.

Qué pedimos: investigación pública, prevención y presencia estatal sostenida

Exigimos una investigación rápida, técnica y transparente que detalle las pruebas sobre la supuesta comunidad virtual y las conexiones internacionales. Al mismo tiempo, reclamamos medidas de prevención en el corto y mediano plazo: equipos interdisciplinarios en las escuelas, centros de salud mental accesibles y campañas de formación digital para familias y docentes. No aceptamos que la respuesta sea exclusivamente punitiva ni que quede reducida a comunicados.

Como planteamos recientemente ante hechos graves en otras localidades, la solución requiere políticas públicas sostenidas, no solo anuncios. La cifra que mencionó la ministra —15 casos en dos años— debe servir para diseñar un plan nacional de prevención escolar y ciberseguridad educativa. Vemos imprescindible que el Estado esté presente donde más se lo necesita: en las escuelas, en los barrios y en la red; las víctimas y sus familias merecen respuestas concretas y acompañamiento integral.