Starlink anunció el desarrollo de una nueva generación de satélites ‘direct-to-cell’ que, según La Nación citando a AFP, buscan brindar 5G satelital con velocidades de hasta 150 Mbps y empezar operaciones tras lanzamientos previstos para 2027; la empresa ya dispone de la mayor constelación en órbita baja, con 650 satélites en servicio (según La Nación/AFP). Esta afirmación resume la novedad técnica y el riesgo: los satélites dejarían de ser un respaldo de emergencia y pasarían a ofrecer servicios móviles convencionales en zonas sin cobertura terrestre.

¿Qué anunció exactamente y cómo funciona la tecnología?

Starlink propone satélites v2 con antenas capaces de comunicarse directamente con teléfonos móviles, lo que representa, según la nota, un salto de capacidad —hasta 100 veces más ancho de banda que la generación v1— y velocidades potenciales de hasta 150 Mbps por usuario en condiciones favorables (según La Nación/AFP). Además, la compañía adquirió frecuencias del grupo EchoStar por 17.000 millones de dólares en septiembre de 2025, operación que le permitiría usar espectro a escala global una vez obtenga autorizaciones regulatorias (según La Nación/AFP). Paralelamente, actores como AST SpaceMobile están lanzando constelaciones propias —AST planea una cuarentena de satélites y puso en órbita el primero en diciembre (según La Nación/AFP)— y la consultora GSMA Intelligence registró 133 asociaciones entre operadores terrestres y satelitales en enero de 2026, lo que explica la intensidad de movimientos comerciales y tecnológicos.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El avance del ‘direct-to-cell’ puede mejorar la conectividad en zonas rurales de provincias como Santa Fe, donde la falta de cobertura impacta en productores y comunidades; al mismo tiempo, plantea preguntas sobre tarifas, competencia y capacidad de gestión de ENACOM. Si Deutsche Telekom prevé llegar a 140 millones de clientes en 10 países con esta tecnología, según La Nación/AFP, la posibilidad de que operadores extranjeros ofrezcan servicios directos en territorio argentino abre un debate sobre soberanía y condiciones comerciales. Vemos oportunidades concretas: streaming, telemedicina y seguimiento agrícola en áreas sin torres; pero también riesgos: presión sobre los ingresos de operadores locales, necesidad de coordinar subsidios y la posibilidad de acuerdos opacos. Por eso es central exigir condiciones claras sobre precios mayoristas, cláusulas de exclusividad y mecanismos de control técnico y de seguridad.

¿Qué preguntas regulatorias, fiscales e institucionales quedan abiertas?

La decisión de permitir servicios 5G satelitales implica responder sobre quién autoriza el uso de frecuencias, qué garantías exige el Estado y cómo se protege la soberanía tecnológica, temas que ya preocupan a operadores europeos como Orange, que pide medidas para evitar control externo de satélites (según La Nación/AFP). Además, la dimensión fiscal no es menor: la compra de frecuencias por 17.000 millones de dólares y la posible competencia directa pueden reducir la recaudación de operadores tradicionales o requerir incentivos estatales; por eso debemos preguntar de dónde sale cualquier subsidio y qué impacto tendrá en el presupuesto. Institucionalmente, es clave que ENACOM y la Cancillería articulen criterios con la Comisión Nacional de Comunicaciones y organismos de seguridad, y que la Legislatura tenga acceso a contratos y condicionamientos técnicos antes de autorizar despliegues masivos.

Miramos este avance con prudencia: la tecnología puede acortar brechas de conectividad, pero no es neutra políticamente ni fiscalmente. Solicitamos transparencia en contratos, en el uso de frecuencias y en eventuales incentivos, y pedimos que el debate incluya a provincias y actores rurales, para que el beneficio sea efectivo y no se traduzca en problemas regulatorios o en pérdida de mercado local.