Se trata del crecimiento del sobreendeudamiento familiar: 4,8 millones de personas presentan mora superior a tres meses, según el recuento citado hoy en la Cámara de Diputados por Hugo Yasky (fuente: El Ciudadano). Este dato resume que el crédito dejó de ser un instrumento para proyectos y se volvió mecanismo de subsistencia.
¿Qué dicen los números y qué alcance tienen?
Los datos citados en la audiencia muestran que la deuda total de los hogares supera 39 billones de pesos, de los cuales 32,1 billones corresponden a deuda bancaria y 6,9 billones a deuda no bancaria (según datos del Banco Central citados en la sesión). La morosidad trepó a 10,6%, la más alta en 16 años, según la misma referencia del BCRA. Además, se alertó que una de cada cuatro personas presenta mora en créditos otorgados por billeteras digitales (presentación de Luci Cavallero en la Comisión). Estos tres números permiten dimensionar dos cosas: la magnitud del stock de deuda y la creciente participación de actores no bancarios en el problema.
La coexistencia de montos gigantes y alta morosidad transforma el fenómeno en riesgo social. No es lo mismo que un porcentaje de morosos afecte a quienes tomaron un crédito de consumo que cuando ese crédito se utiliza para comida, medicamentos o pagos básicos, como señalaron los oradores. Por eso el dato de 4,8 millones no es solo estadística: es indicio de hogares con ingresos insuficientes para cumplir obligaciones básicas.
¿Cómo se llegó a esto? Causas, actores y tasas
La explicación no es única. En el debate se hicieron dos apuntes coincidentes: la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y la desregulación del mercado del crédito. El marco macroeconómico con inflación sostenida empuja a las familias a tomar deuda para sobrevivir, y los plazos y costos del crédito no bancario crecen en paralelo. Organizaciones de defensa del consumidor señalaron tasas efectivas de refinanciación que, en barrios y para jubilados, alcanzan 500%-600% anuales (DEUCO, exposición en la Comisión). El Banco Central aporta la foto agregada del stock de deuda; los observadores sociales describen cómo ese crédito se usa para gastos esenciales.
A su vez, la tecnología financiera facilita el acceso al crédito pero complica la regulación y la comunicación: distintos expositores señalaron dificultades para contactar a billeteras virtuales y la existencia de prácticas de cobranzas que hostigan a titulares y allegados. Este cruce entre necesidad económica, alta tasa de interés y débil protección regulatoria explica el crecimiento de la mora y la concentración del problema en sectores de menores ingresos.
¿Qué puede y debe hacer el Estado? Límites fiscales y prioridades
La respuesta legislativa planteada en la Comisión va en dos direcciones: medidas de alivio y regulación del mercado. Entre las propuestas aparecen mecanismos semejantes a la Ley de Segunda Oportunidad europea, marcos para negociar deudas y límites a las tasas y prácticas de cobranzas. Desde una lente fiscal, estas soluciones requieren recursos y capacidad de implementación: si se propone condonar saldos o financiar reestructuraciones, hay que definir qué partida presupuestaria lo cubre y con qué impacto en las cuentas provinciales y nacionales. Aquí recuperamos nuestra exigencia previa: transparencia y auditorías independientes sobre las proyecciones e impacto fiscal de cualquier medida (ver nuestra nota sobre inflación de marzo 2026 para el vínculo entre precios y capacidad de pago: https://diariosantafe.com.ar/politica/inflacion-de-marzo-2026-que-muestra-el-dato-y-que-quedo-fuer-2026-04-15).
Institucionalmente, el Congreso debe coordinar con el BCRA y organismos de defensa del consumidor para poner reglas claras sobre tasas, débitos automáticos y compra de carteras. Federalmente, la regulación debe prever impacto diferenciado en provincias y municipios, ya que la caída de ingresos locales agrava la capacidad de respuesta social. Socialmente, sin medidas para proteger ingresos y controlar prácticas de cobro, el sobreendeudamiento seguirá generando problemas de salud y violencia, tal como lo advirtieron las expositoras.
En síntesis, el dato de 4,8 millones es una llamada de atención: se necesita una mezcla de regulación de fintech, control de cobranzas, instancias obligatorias de negociación y, sobre todo, auditorías independientes que muestren cómo se financian las soluciones. No es suficiente el gesto político; la gestión se mide en resultados y en el destino de cada peso comprometido.
