La provincia respaldó el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches —con media sanción en el Senado— y dejó a los municipios la responsabilidad de aplicar la norma en la vía pública.

¿Qué dice la medida y cuánto pesa en números?

El proyecto incorpora la actividad de los “trapitos” al Código de Convivencia y establece sanciones que pueden llegar hasta 20 días de arresto; la iniciativa ya tiene media sanción y deberá ser tratada en la Cámara de Diputados (citado en la nota del 20/3/2026). Según Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, en una entrevista en “La primera de la tarde” (Radio 2) la problemática genera, en Rosario, un promedio de 16 llamados diarios al 911 y en la ciudad de Santa Fe entre 4 y 5 llamados diarios; los tiempos de respuesta policiaca reportados rondan entre los 6 y 7 minutos (entrevista citada, 20/3/2026). Esos números permiten dimensionar la frecuencia del conflicto y las expectativas de reducción de conflictos callejeros que plantea el Ejecutivo.

La inclusión en el Código de Convivencia convierte la conducta en infracción administrativa con posibilidad de arresto breve, pero también obliga a definir protocolos operativos, instancias de fiscalización y criterios de intervención local antes de la implementación.

¿Cómo impacta esto en la convivencia urbana?

Prohibir una actividad tan visible puede reducir la percepción de desorden y las ocasiones de extorsión que menciona la provincia; por otro lado, la experiencia internacional muestra que sancionar sin alternativas tiende a desplazar la práctica hacia otros lugares o a empujar actividades a la informalidad. Tomando las cifras provinciales, 16 llamados diarios en Rosario equivalen a 112 llamados semanales que, aun con tiempos de respuesta de 6–7 minutos, representan una demanda sostenida de recursos de seguridad (datos citados: entrevista de Coudannes, 20/3/2026).

La propia secretaria señaló la necesidad de un abordaje integral que incluya “fiscalización, relevamiento y registración” y políticas sociales para las personas afectadas. Ese componente es clave: si la medida opera solo como sanción administrativa sin una salida laboral o de formación, el impacto real en convivencia puede ser limitado y temporal.

¿Quién paga el costo y qué faltó explicar?

La cláusula central del mensaje oficial es que serán los municipios quienes definan la forma concreta de aplicación: cada ciudad decidirá modalidades, ámbitos y sanciones operativas. La provincia prometió acompañamiento “con recursos de seguridad y trabajo territorial” y la identificación de zonas vulnerables como áreas bancarias, comerciales, corredores escolares y espacios nocturnos (declaraciones de Coudannes, 20/3/2026). Sin embargo, no se explicitaron montos, número de agentes adicionales, ni partidas presupuestarias para programas de formación o inclusión laboral.

Desde la lente fiscal exigimos detalle: ¿qué partidas provinciales o municipales financiarán operativos, relevamientos y programas sociales? ¿Habrá evaluación de costo-beneficio y plazos públicos? La falta de esas cifras impide medir si la decisión será una política pública efectiva o una norma con efecto simbólico.

Qué debería hacer el Estado para evitar efectos colaterales

Primero, publicar el plan operativo y las partidas presupuestarias: número de agentes asignados, cronograma de relevamiento, y la ficha técnica del “registro” que anuncian. Segundo, condicionar la fiscalización a mecanismos de inclusión: programas de capacitación y derivación laboral con metas y evaluaciones públicas. Tercero, definir indicadores de resultado —reducción de llamadas al 911, reclamos vecinales, reincidencia— y publicar reportes trimestrales para controlar el impacto.

Exigimos transparencia en cifras y partidas (como venimos reclamando respecto de la gestión provincial), y un protocolo claro que evite cargas desproporcionadas sobre municipios con menor capacidad fiscal. Sin esos elementos, la norma puede aumentar la presencia policial en la calle sin resolver la vulnerabilidad socioeconómica que explica la práctica.