El Gobierno nacional estableció por decreto un refuerzo extraordinario y por única vez de la Asignación por Ayuda Escolar Anual: la diferencia hasta 85.000 pesos se pagará junto con el beneficio habitual en marzo de 2026, según El Ciudadano y el Decreto 115/2026.
Qué dispone el decreto y a quién alcanza
El Decreto 115/2026 determina que el refuerzo será la diferencia entre 85.000 pesos y el valor resultante de la determinación de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para cada caso; si la asignación resultara igual o mayor a 85.000 pesos, no corresponderá el pago adicional, según la norma publicada por El Ciudadano. La medida se aplica a los niveles de educación inicial, general básica y polimodal, tanto en establecimientos comunes como de educación diferencial, en el marco de las Asignaciones Familiares reguladas por la Ley 24.714. El decreto instruye al Ministerio de Capital Humano y a la ANSES a dictar las normas operativas para instrumentar el pago, y señala que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El carácter ‘por única vez’ y la referencia a 85.000 pesos son datos centrales del esquema, pero el texto oficial no detalla cuántos beneficiarios entrarán en el universo de pago ni el impacto fiscal agregado.
¿Cómo impacta esto en los hogares y cuándo se paga?
El refuerzo se pagará junto con el haber habitual de marzo de 2026, lo que implica un calendario inmediato para las familias (pago en marzo de 2026, según Decreto 115/2026). Para quienes cobran menos de 85.000 pesos por la ayuda escolar, la diferencia será un alivio puntual frente al costo del inicio del ciclo lectivo. Vemos que la medida busca mitigar un gasto estacional: la escuela implica útiles, transporte y otros costos concentrados en el comienzo del año lectivo. Sin embargo, al ser ‘por única vez’ no modifica la capacidad de compra recurrente de los hogares. La norma aclara el umbral de 85.000 pesos como tope, pero no incorpora mecanismos automáticos de actualización futura ni cláusulas de seguimiento de precios escolares, por lo que el efecto real dependererá del nivel de cobertura operativa que disponga la ANSES y del universo de beneficiarios que efectivamente reciba el refuerzo.
Lente fiscal: de dónde debería salir la plata y qué falta explicar
El decreto manda a la Jefatura de Gabinete a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, pero no publica un cálculo de costo total ni la partida origen. Eso deja al descubierto un vacío fiscal: sin un número de financiamiento aprobado, el refuerzo puede resolverse reasignando partidas corrientes o pidiendo ampliaciones presupuestarias en marcha, con impacto en otros programas. El instrumento legal es claro en la operativa: ANSES y el Ministerio de Capital Humano deberán fijar normas operativas, y la medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial el 27/2/2026, según El Ciudadano. Desde el lente fiscal, la pregunta clave es cuántos pesos requerirá el pago del diferencial hasta 85.000 por beneficiario y si ese costo se financia con recursos propios de ANSES o mediante transferencias del Tesoro. El decreto no lo especifica, por lo que será necesario ver el mecanismo contable que presente la Jefatura de Gabinete.
Lente electoral e institucional: qué incógnitas deja la medida
Una medida focalizada y de pago inmediato suele tener lectura política: refuerzos en marzo inciden con visibilidad en hogares con niños en edad escolar. Dado que la norma es unipersonal y se publica por decreto (Decreto 115/2026), hay una dimensión institucional relevante: la Administración central habilita un pago extraordinario sin pasar por una ley específica ni detallar la fuente de financiamiento. No es posible afirmar intención electoral categórica sin más datos, pero observamos que la medida concentra efectos en el corto plazo y exige transparencia sobre el costo. Además, la norma menciona a la ANSES y al Ministerio de Capital Humano como ejecutores, lo que obliga a que esas áreas publiquen los criterios de elegibilidad y el cronograma operativo. En resumen, el refuerzo hasta 85.000 pesos es un alivio puntual con límites claros, pero plantea preguntas fiscales e institucionales que la administración deberá despejar en las normas operativas que anuncie la ANSES.
