La Casa Rosada remitió al Congreso un paquete de reforma política que combina la derogación de las PASO y la creación de una ley de “ficha limpia” que inhabilita para competir a quienes tengan sentencia firme en segunda instancia. Según La Nación (25/4/2026), el proyecto exige afiliaciones mínimas del 0,5% del padrón por distrito, requiere personería nacional en al menos 10 distritos y eleva la caducidad a 3% frente al 2% vigente.

¿Qué propone exactamente la reforma y qué cambia frente a la ley vigente?

El núcleo del proyecto es claro en la letra: suspende o deroga las PASO y establece inelegibilidades por sentencia firme en segunda instancia para delitos dolosos y contra la administración pública, según La Nación (25/4/2026). En materia de partidos, exige afiliaciones no inferiores al 0,5% del padrón para agrupaciones distritales y pide que una fuerza logre personería en 10 distritos para ser nacional; la nota oficial aclara que esto duplica la exigencia anterior. También sube la barrera de mantenimiento de personería al 3% en dos elecciones sucesivas (actualmente 2%). Estos cambios son cuantitativos y modifican la arquitectura del sistema de partidos: estamos ante un endurecimiento de requisitos que reduce la proliferación de agrupaciones sin representación efectiva. Comparado con la normativa vigente, la reforma impone filtros más estrictos para la entrada y la permanencia —un cambio de diseño con consecuencias prácticas en la oferta electoral.

¿Mejora esto la calidad democrática o la restringe?

La intención declarada —evitar que condenados busquen fueros— es compartible; el dato concreto es que la inelegibilidad se conecta ya con sentencia firme en segunda instancia (La Nación, 25/4/2026). Pero la eficiencia de esa medida depende de dos controles: la certeza procesal y la protección de derechos políticos en casos donde la segunda instancia tarda años. Además, quitar las PASO elimina un mecanismo de ordenamiento interno que, aun imperfecto, obliga a mayor competencia intra-partidaria. Las PASO fueron impulsadas en 2009, según La Nación, y desde entonces han funcionado como un filtro público aunque con costos señalados por críticos. No es menor que las grandes reformas electorales deban discutirse en años no electorales para no mediatizar resultados inmediatos; exigir consenso amplio es una condición técnica y política para evitar que la norma sirva de herramienta de corto plazo.

¿Qué impacto federal y fiscal tiene para provincias como Santa Fe?

Cualquier cambio en calendario y formato electoral empuja costos y decisiones a los gobernadores de las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), según la Constitución Nacional. La propuesta de incorporar un casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel (BUP) y la posibilidad de unificar categorías nacionales y locales alteran la logística electoral y el flujo de recursos: las jurisdicciones concentran parte del gasto operativo y reciben remesas federales que suelen ser condicionadas por el calendario. Gobernadores evaluarán si desdoblan o unifican, con efectos directos sobre la pauta y el financiamiento de campañas locales. Para Santa Fe, donde la dinámica Rosario-capital tensiona prioridades, esto implica prever partidas y coordinación técnica con la justicia electoral. En suma, la reforma no es solo institucional: es un ajuste operativo y fiscal que exige diálogo con los ejecutivos provinciales.

¿Qué controles e instituciones deben acompañar la reforma?

Una ley de ficha limpia sin garantías de transparencia procesal y sin un calendario claro puede generar efectos reversos. Es imprescindible que el Congreso acompañe la reforma con reglas de aceleración procesal para causas que afectan la elegibilidad, un registro público de inhabilitaciones y mecanismos de revisión expedita. Exigimos además auditorías técnicas independientes sobre cualquier vínculo entre el Estado y empresas privadas en materia de datos electorales y acceso a la prensa; esto conecta con la reciente restricción de acreditación en Casa Rosada, que hemos denunciado y cubierto (véase la nota: “Milei restringe el acceso a la prensa en Casa Rosada y suma una denuncia penal”, Diario Santa Fe, 24/4/2026: https://diariosantafe.com.ar/politica/milei-restringe-el-acceso-a-la-prensa-en-casa-rosada-y-suma—2026-04-24). La negociación política será dura: la derogación de PASO no tiene mayoría propia y la ficha limpia puede ser la moneda de cambio. Si el objetivo es mejorar la representación y la integridad pública, el Parlamento debe legislar con reglas técnicas claras, plazos, recursos para la Justicia Electoral y cláusulas federales que respeten la autonomía provincial.

Cerramos con un punto práctico: las reformas que cambian las reglas del juego se justifican, pero solo si refuerzan transparencia y controles. Exigiremos que cualquier nueva norma venga acompañada de auditorías, definiciones calendáricas fuera de años electorales y partidas presupuestarias claras para su implementación. Sin esos anclajes, la letra puede convertirse en un instrumento más de la rosca que pretende limitar.