La querella liderada por Juan Grabois pidió el 27 de marzo de 2026 la indagatoria del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general Karina Milei y de otras nueve personas por presuntas negociaciones vinculadas al lanzamiento del activo digital $LIBRA, apoyándose en un peritaje al teléfono del lobista Mauricio Novelli que, según el escrito, registra comunicaciones y transferencias en días clave (La Nación, 27/3/2026).
¿Qué dicen las pruebas y qué pide la querella?
La presentación de la querella afirma que el peritaje al celular de Mauricio Novelli aporta evidencias directas: más de veinte llamadas y mensajes entre Novelli y Javier y Karina Milei en las horas que rodearon el lanzamiento de $LIBRA, además de audios y recordatorios internos que aludirían a pagos a “Javier” y “Kari” (La Nación, 27/3/2026). El escrito menciona reuniones oficiales —como la del 30 de enero de 2025 con el creador del activo, Hayden Mark Davis— y transferencias calificadas como millonarias en días coincidentes con esos intercambios (La Nación). En total, la querella solicita indagatorias contra nueve personas, entre dirigentes, familiares e intermediarios, y plantea que el Presidente no fue un “mero promotor involuntario” sino que negoció condiciones por contraprestaciones directas o indirectas (La Nación, 27/3/2026).
¿Qué implicaciones institucionales y penales tiene esto?
Si los hechos que enumera la querella se verificaran, estaríamos ante potenciales conflictos de interés y delitos vinculados a negociaciones privadas a cargo de la máxima autoridad del Estado. La querella sostiene que Javier Milei “negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia” y que recibió o recibiría contraprestaciones en criptoactivos; esa imputación abre líneas de investigación sobre abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, según la tipificación que corresponda tras el avance probatorio (La Nación, 27/3/2026). Es relevante además la defensa de Novelli: su abogado, en línea con declaraciones del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, pidió la nulidad del peritaje por supuestas accesos clandestinos y quiebres en la cadena de custodia, lo que complica el trámite probatorio y exige que la fiscalía y el juzgado garanticen la integridad de las pruebas (La Nación, 27/3/2026).
¿Qué pregunta debería hacerse la opinión pública?
La primera pregunta es por la transparencia del proceso probatorio: ¿cómo se garantizó la cadena de custodia del peritaje, quién lo autorizó y qué controles independientes existen sobre ese procedimiento? La segunda es institucional: ¿qué medidas adoptó la Casa Rosada tras la promoción pública del activo el 14 de febrero de 2025 y la reunión del 30 de enero de 2025 con el creador del activo (La Nación, 27/3/2026)? Y la tercera, política: ¿puede la ciudadanía confiar en que la investigación será imparcial cuando el expediente involucra a la figura presidencial y a personas del círculo íntimo? Estas preguntas conectan con una demanda recurrente que hemos sostenido: exigimos transparencia plena sobre pruebas y peritajes en causas de alto interés público para que la investigación sea técnica y pública.
Cierre: qué sigue y qué exigimos
La presentación de la querella el 27/3/2026 (La Nación) pone ahora en manos del juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi la decisión sobre las indagatorias solicitadas y la valoración del peritaje. Lo mínimo que debe esperar la sociedad es que el tribunal garantice acceso a las actas relevantes, verifique la cadena de custodia y permita audiencias donde se confronten peritajes con contraperitajes. Exigimos transparencia plena sobre las pruebas, la publicación de los informes periciales —respetando lo que la ley proteja— y que las decisiones procesales se basen en evidencia y no en ventajas políticas. Si se confirmaran las transferencias y comunicaciones que enumera la querella, estaríamos ante un asunto de gravedad institucional que exige respuestas claras y procedimientos visibles (La Nación, 27/3/2026).
