El gobernador Maximiliano Pullaro entregó el 15 de abril de 2026 a la Cancillería un dossier técnico, científico y económico para cuestionar la clasificación europea que considera a la soja como insumo de alto riesgo ILUC, una definición que, según la provincia, podría costarle a Santa Fe hasta 390 millones de dólares en acceso a mercados (según la Provincia de Santa Fe, reunión en Cancillería, 15/4/2026). La Cancillería llevará esos aportes técnicos a Bruselas en la semana siguiente a la reunión, en el marco del proceso abierto por la Comisión Europea.
¿Qué plantea el dossier y qué dice la UE?
El documento provincial intenta demostrar que la metodología aplicada por la Unión Europea no refleja la realidad productiva argentina y, específicamente, la de Santa Fe. La referencia legal es el Reglamento (UE) 2019/807, que regula criterios sobre biocombustibles y efectos indirectos del uso del suelo, y cuya revisión técnica fue recogida en un informe de la Comisión Europea emitido a comienzos de febrero de 2026 (Comisión Europea, informe técnico, febrero 2026). La Provincia sostiene que ese informe extrapola datos globales y usa supuestos de expansión agrícola que no se verifican en las rotaciones y sistemas productivos locales. En lenguaje técnico: la disputa es metodológica y empírica; no se trata solo de política comercial.
¿Cómo impacta esto en el mercado y en la economía santafesina?
La advertencia central es económica y laboral. Según el material presentado en Cancillería, la restricción de la UE podría significar una pérdida de ingresos por exportaciones estimada en 390 millones de dólares para la provincia (según la Provincia de Santa Fe, reunión Cancillería 15/4/2026). Más allá del monto, el riesgo es la creación de un precedente que estigmatice la materia prima y complique el ingreso al mercado europeo de harina, aceite y poroto. El plazo formal para comentarios sobre el informe de la Comisión cerró en febrero de 2026, dos meses antes de la entrega del dossier provincial, lo que explica la estrategia de la provincia: sumar evidencia técnica y solicitar que Cancillería la presente en Bruselas.
Lente fiscal y federal: quién asume el riesgo
No es un conflicto solo del campo: en juego está la cadena de valor y la recaudación provincial ligada a la agroindustria. La presentación al canciller incluyó miembros del gabinete provincial y del sector privado, y fue acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó el trabajo conjunto con Nación y actores privados (acta de la reunión, 15/4/2026). Desde el lente fiscal, debemos preguntar con qué números se sostiene la estimación de 390 millones y cómo se calculan los efectos sobre empleo y recaudación. Por eso insistimos en transparencia: los estudios que fundamenten esas proyecciones deben publicarse y someterse a auditorías independientes antes de que el Gobierno nacional acepte compromisos en Bruselas.
Qué sigue y qué debe exigir la provincia
La Cancillería llevará aportes técnicos a Bruselas; la provincia debe pedir que esos aportes y el dossier sean públicos y evaluados por institutos neutrales. Exigimos que las partidas presupuestarias y los supuestos macroeconómicos detrás de cualquier estimación se hagan públicos y que se contraten revisiones independientes, como hemos pedido antes frente a medidas con impacto fiscal (exigencia previa sobre transparencia y auditorías en materia económica). En lo inmediato, la negociación técnica con la UE requiere transparencia metodológica, cronogramas claros y la participación efectiva de provincias productoras. Si la disputa termina en cambios regulatorios europeos, la provincia tendrá que presentar evidencia pública y reproducible para defender empleos y exportaciones sin trasladar la incertidumbre fiscal a municipios y ciudadanos.
