El gobernador Maximiliano Pullaro reunió a gran parte de su gabinete, legisladores y personal de planta para exponer acciones de gobierno y defendió un “modelo de cambios y transformaciones sin motosierra y con sensibilidad social”, citando que “300.000” personas asistieron a un recital en Rosario y que la provincia pasó de “150” días de clases en 2023 a “185” el año pasado y “187” este año, según el reporte publicado por Diario Santa Fe el 18/3/2026. Este primer balance público fija el eje retórico de la semana: gestión eficiente, protección del Estado y resultados sociales visibles; el problema es que muchas de estas afirmaciones requieren respaldo cuantificado en partidas y resultados auditables para convertirse en políticas verificables.
¿Qué dicen los números?
Los datos que ofreció el gobernador son concretos pero parciales, y ahí está la primera lectura crítica que debemos hacer como lectores. Pullaro citó “300.000” asistentes al recital en Rosario y detalló la evolución del calendario escolar — “150” días en 2023, “185” el año pasado y “187” para este año — según Diario Santa Fe (18/3/2026), lo que permite una comparación temporal clara entre periodos lectivos. Es relevante además recordar que Santa Fe es la tercera provincia por población según el INDEC (Censo 2022), dato que condiciona la escala de políticas públicas y la interpretación de cifras agregadas. Sin embargo, el gobernador no acompañó esos números con indicadores complementarios esenciales: presupuesto ejecutado en educación por alumno, variación interanual del gasto en seguridad o mediciones oficiales de victimización ciudadana, y sin esos complementos los números pierden capacidad explicativa.
¿Qué cálculo electoral hay detrás?
El mensaje de “sin motosierra y con sensibilidad social” funciona políticamente como un intento de neutralizar críticas por ajustes y al mismo tiempo ocupar el centro socialmente sensible del electorado provincial. Cuando un gobernador compara 2023 con 2025 y habla de mejoras en educación y seguridad está haciendo un relato que busca anclar rendimiento y gestión para competir en la percepción pública; eso tiene un efecto directo sobre la relación Rosario–Santa Fe capital, clave en la política provincial. Vemos además una lectura implícita de la agenda: mostrar obras en gasoductos y defensa de empresas públicas como ASSA y EPE como prueba de que el Estado no fue cedido al sector privado, y ese relato apunta a seducir votantes moderados y trabajadores estatales. Pero el costo político puede ser alto si las promesas no van acompañadas por auditorías y datos verificables que permitan contrastar discurso y resultados.
¿Qué falta aclarar desde lo fiscal e institucional?
La intervención pública reclamada por el gobernador exige claridad sobre la fuente del financiamiento y el peso fiscal de las medidas anunciadas; aquí es donde la discusión debería centrarse. Pullaro mencionó inversiones en infraestructura productiva y decisiones sobre ASSA y EPE, pero no explicitó con qué partidas del presupuesto se financian esas inversiones, ni el impacto sobre la base de gasto corriente o el déficit provincial, por lo que la pregunta que nadie formuló en la reunión y que exigimos desde esta columna es: ¿con qué partidas y bajo qué cronograma se financian las obras y la mayor disponibilidad de días de clase? Exigimos además que el Ejecutivo publique indicadores de seguridad verificables (tasas de delitos denunciados por cada 100.000 habitantes, comparaciones año contra año) y detalles sobre transferencias estatales a empresas públicas, para que el ciudadano pueda auditar las afirmaciones.
Cerramos con una constatación: el Gobernador presentó un relato coherente y con cifras puntuales que buscan mostrar recuperación y responsabilidad estatal, pero la gestión se mide en datos públicos y partidas presupuestarias, no solo en frases. Exigimos transparencia y datos contundentes que permitan verificar el alcance real de esos supuestos logros y entender quiénes ganan y quiénes cargan con el costo de las decisiones públicas.
