La provincia de Santa Fe busca “hacer obra pública sin plata”: apuesta a proyectos público‑privados sobre terrenos estatales y a recursos extraordinarios mientras ajusta el gasto, con el objetivo de garantizar trabajo a unas 8.000 familias según la Casa Gris.

¿Cómo se sostiene la letra chica del ajuste fiscal?

Vemos un cuadro fiscal más apretado y medidas de corto plazo para ganar oxígeno. El Gobierno provincial recurrió al adelanto de fondos que habilitó la Nación: el decreto 219/2026 dispone adelantamientos de coparticipación por hasta 400.000 millones de pesos para doce provincias (de acuerdo al texto del decreto). Además, la administración santafesina señala que mantiene un colchón de 800 millones de dólares en el banco, atribuido al equipo económico que lidera Pablo Olivares, y que el acuerdo reciente con ANSES incorporará ingresos mensuales de aproximadamente 10.000 millones de pesos, según fuentes oficiales.

Estas tres cifras —400.000 millones (decreto 219/2026), 800 millones de dólares (equipo económico provincial) y 10.000 millones por mes (acuerdo con ANSES)— explican por qué la Provincia intenta sostener obras en ejecución y evita el lanzamiento de nuevos proyectos salvo los con financiamiento externo. Observamos, además, que las proyecciones fiscales se revisan con rapidez: una pauta formulada en diciembre estaba desfasada ya en febrero y volvió a revisarse tras los datos de marzo, según funcionarios provinciales.

¿Cómo pretende la Provincia “hacer obra sin plata” y qué riesgos trae?

La estrategia oficial combina cesión o puesta en valor de tierras públicas con contratos con privados: los espacios mencionados como prioridad son la estación Belgrano en Santa Fe, terrenos en Puerto Norte en Rosario y el Parque de la Cabecera junto al Puente Rosario‑Victoria. El Gobierno estima que si logra poner en marcha esos tres proyectos en 2027 podrá garantizar trabajo a unas 8.000 familias (según Casa Gris). La fórmula es clara: el Estado aporta tierras, el privado financia la inversión y asume obligaciones de urbanización y compensaciones.

Ese esquema puede activar obra y empleo sin impacto directo en caja, pero tiene riesgos fiscales y sociales evidentes: depende de plazos de mercado, condiciona la planificación urbana y puede trasladar costos al municipio si los ingresos no se cristalizan. Por eso exigimos —como sostenemos en otras notas sobre patrimonio y obras— transparencia total de contratos, cronogramas y auditorías independientes antes de comprometer bienes públicos.

¿Qué efecto político inmediato generan las restricciones?

El ajuste y la reingeniería administrativa alimentan chispazos internos en Unidos. Un ejemplo concreto: la sesión en la que el senador Felipe Michlig cuestionó al ministro Lisandro Enrico por 54 viviendas inconclusas en San Cristóbal generó un incidente con repercusiones dentro del bloque, según actas y crónicas de la sesión. En Diputados, la nueva ley orgánica de municipalidades se aprobó 30 a 17 en la votación final, un número que ilustra tensiones internas y negociaciones sectoriales.

En paralelo, aparecen nombres y movimientos pensando en 2027: Diego Giuliano, Germán Martínez, Pablo Corsalini y señales desde Omar Perotti. El gobierno, por su parte, apuesta a que la gestión y el acuerdo con ANSES (y los recursos asociados) reduzcan el costo político del ajuste. Nosotros observamos que en fases de restricción la política se mide en entrega de resultados verificables, no en anuncios.

Qué pedimos y qué pueden esperar los santafesinos

Desde la lente fiscal y federal que aplicamos siempre, hay tres exigencias mínimas: primero, transparencia absoluta sobre las cesiones de tierras y los contratos PPP; segundo, auditorías independientes que auditen flujos y cronogramas; tercero, salvaguardas para que la ejecución de proyectos no traslade costos ni riesgos a municipios ni vecinos. El propio acuerdo con ANSES, que implica 10.000 millones de pesos mensuales según fuentes oficiales, debe acompañarse de condiciones claras sobre destino y control de esos fondos.

Si la Provincia logra combinar caja (800 millones de dólares), adelantos nacionales (decreto 219/2026) y proyectos con privados sin perder control, podrá mitigar la caída de actividad. Pero la historia muestra que los anuncios necesitan comprobación: pedimos que cada decisión venga con partidas presupuestarias identificables y seguimiento público. La política no puede reemplazar a la gestión fiscal rigurosa: cada peso público debe poder rastrearse y auditarse.