El 23 de abril de 2026, personal de la Casa Militar y la Policía Federal impidió el ingreso de 60 trabajadores de prensa a la Casa Rosada con una lista preestablecida, un hecho que derivó en una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano y en un proyecto de repudio firmado por siete legisladores, según informó El Ciudadano. La medida fue justificada por el Ejecutivo como un mecanismo para evitar supuestas maniobras de espionaje vinculadas a la difusión de imágenes del edificio, y el propio presidente celebró públicamente la exclusión en sus redes sociales (El Ciudadano, 23/4/2026).
¿Qué pasó, en cifras y hechos?
Los números ayudan a precisar alcance y responsabilidad: 60 trabajadores de prensa quedaron fuera de la cobertura institucional en un solo operativo (El Ciudadano, 23/4/2026). Además, la Casa Militar y la Policía Federal denunciaron penalmente a dos periodistas, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por filmaciones dentro de la sede del Poder Ejecutivo (El Ciudadano). Siete diputados presentaron un proyecto de resolución para expresar “enérgico repudio” y exigir acceso irrestricto a la información pública (nombres citados en El Ciudadano). En redes, el presidente publicó un mensaje que incluyó la cifra “95%” refiriéndose a credenciales, según la misma cobertura. Estos datos permiten pasar de la anécdota al diagnóstico: no se trató de un episodio aislado, sino de una decisión institucional con alcance nacional.
¿Qué normas y riesgos institucionales están en juego?
La denuncia de Marcela Pagano invoca los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional —libertad de prensa y prohibición de censura previa— y apunta a tratados internacionales con jerarquía constitucional, según El Ciudadano. Pagano describió la medida como “sin precedentes desde el retorno de la democracia”, lo que remite a 1983 como referencia temporal citada en la presentación (El Ciudadano). El riesgo institucional es claro: una Casa de Gobierno que regula discrecionalmente el acceso de la prensa redefine el ejercicio del derecho a informar y abre la puerta a la concentración de la información en canales oficiales. Desde la lente institucional, lo que debería ser un protocolo de seguridad limitado y transparente se convierte en una herramienta de control comunicacional si no existe supervisión independiente.
¿Qué cálculo político hay detrás y qué papel juega la inteligencia privada?
La jornada incluyó, además, la agenda del Presidente con el empresario Peter Thiel y referencias a la posible contratación de servicios de análisis de datos —vínculos que ya generaron versiones sobre la participación de Palantir en áreas del Estado, según la nota de El Ciudadano. Políticamente, la operación de cerrar la Sala de Periodistas funciona como un mensaje hacia la base electoral y como un mecanismo de castigo simbólico a medios críticos; el efecto inmediato es polarizar la agenda pública. Desde la lente electoral, la decisión busca disciplinar narrativas y proteger a la gestión de filtraciones internas. Desde la lente federal y de transparencia, exige que cualquier relación con empresas de análisis tenga contratos públicos, con objeto, alcance, plazos y control parlamentario.
Impacto sobre la práctica periodística y el derecho ciudadano a la información
Impedir la cobertura presencial y denunciar a quienes ejercen la profesión tiene efectos prácticos: reduce la fiscalización democrática y encarece la labor informativa. Dos periodistas denunciados, 60 colegas fuera de la Sala y un mensaje presidencial celebrando la medida generan un entorno de intimidación que puede traducirse en autocensura, según la cronología de hechos reportada por El Ciudadano. Para Santa Fe y Rosario, donde la cobertura federal es clave para denunciar problemáticas locales, estas restricciones complican el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. La pregunta que nos hacemos es constitucional y práctica: ¿con qué fundamento se limita el acceso y quién audita esa decisión? Sin controles independientes, la excusa de seguridad puede volverse permanente.
Qué exigimos desde la columna
Reclamamos transparencia absoluta sobre el operativo, la lista de acreditaciones y el criterio utilizado para excluir a trabajadores de prensa; exigimos además una auditoría técnica e independiente sobre cualquier vínculo del Estado con empresas de análisis de datos, y que el Congreso recupere su rol de control. Estas demandas acompañan posiciones previas de la columna respecto a la transparencia y auditoría de políticas públicas (por ejemplo, en obras y concesiones) y mantienen coherencia con nuestro pedido de controles en materia de seguridad y contratación pública. La defensa del derecho a informar no es una postura sectorial: es una condición para que las paritarias, el gasto público y las políticas federales sean fiscalizables por la ciudadanía y sus medios.
