La Mesa de Enlace presentó el 10/03/2026 en Expoagro un documento para reformar la ley de semillas vigente desde 1973 y regular el uso propio de semillas autógamas, entregado al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y al presidente del INASE, Martín Famulari (según LA NACION). La iniciativa pretende ser una base de negociación técnica frente a la posibilidad de que el Gobierno trate la adhesión a UPOV-91 en el Congreso.
¿Qué propone la Mesa de Enlace?
El borrador que llevaron la Sociedad Rural, CREA, Aapresid y la Federación Agraria plantea actualizar la norma sin adherir a UPOV-91 y manteniendo el marco de UPOV-78 (según LA NACION). Entre los ejes figura la regulación del uso propio: una escala que permita un tramo de uso propio gratuito y la posibilidad de un uso propio oneroso para ciertas variedades y situaciones, además de establecer la norma como de orden público para limitar contratos privados que, según el sector, generan inseguridad jurídica (según LA NACION). La propuesta fue trabajada desde noviembre pasado y presentada formalmente el 10/3/2026 en Expoagro (según LA NACION). El planteo reconoce que la ley data de 1973 y que la biotecnología y los contratos privados cambiaron el escenario en las últimas cinco décadas, hecho que motiva la actualización.
¿Cómo impacta esto en el mercado y en los productores?
La discusión no es sólo jurídica: es económica y social. La ley vigente tiene 53 años (1973–2026), y la adhesión a UPOV-91 (texto de 1991, según UPOV) implicaría, en la interpretación del sector semillero, mayor protección de derechos de obtentor y limitaciones al uso propio. Para productores pequeños y medianos, la principal preocupación es la seguridad jurídica y el costo de acceso a semillas cada ciclo. Para la cadena productiva, la discusión abre preguntas sobre la competencia entre empresas semilleras, la inversión en mejoramiento y la capacidad de regular mercados internos. El debate exige que cualquier cambio contemple quién paga: royaltíes, cánones o tarifas contractuales pueden trasladarse a precio de producción y afectar ingreso rural y consumo interno. Es esencial cuantificar esos montos antes de avanzar; hoy la propuesta de la Mesa plantea el criterio pero no cifras concretas (según LA NACION).
¿Qué debe exigir la provincia y el Estado nacional antes de avanzar?
Desde la perspectiva fiscal y social que exigimos, la Provincia y la Nación deben pedir tres condiciones mínimas: transparencia en las negociaciones y en el impacto fiscal; participación efectiva del INASE y de representantes de productores familiares; y evaluación de efectos en precios y empleo rural. Primero, toda propuesta que introduzca uso propio oneroso debe venir acompañada de estimaciones de recaudación y de impacto sobre costos de producción y consumo local. Segundo, la mesa técnica anunciada debe publicar los insumos técnicos y los criterios de fiscalización del INASE, porque la fiscalización determina previsibilidad contractual. Tercero, el debate requiere salvaguardas para evitar que los contratos privados deriven en patentamientos posteriores de vegetales, una de las objeciones planteadas por parte del sector (según LA NACION). En suma, la actualización es necesaria, pero no puede avanzar sin datos públicos y sin medir efectos sobre la cadena productiva y la capacidad fiscal.
Perspectiva y próximos pasos
El Gobierno aceptó recibir el documento y prometió abrir una mesa de trabajo en los próximos días (según LA NACION). El test político será transparentar esa negociación: ¿quién participa, qué estudios técnicos se usan y qué plazos se imponen? Desde el lente fiscal y social que privilegiamos, no es suficiente un acuerdo entre privados y funcionarios: hace falta un proceso público con datos sobre montos, beneficiarios y mecanismos de control. Si la negociación deriva en un proyecto de adhesión a UPOV-91, el Congreso debe poder evaluar impactos cuantificados y compararlos con alternativas regulatorias que preserven el uso propio y la competitividad del agro argentino. La pregunta central sigue siendo práctica y simple: ¿quién paga y quién decide? Hasta que no haya respuestas medibles, la discusión técnica no reemplaza la transparencia pública.
