La guerra en el Golfo y la disrupción de rutas marítimas ya se traducen en costos concretos: según La Nación (14/3/2026), el precio cotizado para enviar un contenedor desde Turquía a China subió de alrededor de US$2.000 a US$10.000. Este dato resume por qué hablamos de una crisis de la globalización que llega hasta la economía real.

¿Qué está pasando con las cadenas globales de suministro?

Vemos una combinación de factores: conflicto en el Golfo, riesgos en estrechos clave y reconfiguración de rutas aéreas y marítimas. El fenómeno no implica el fin de la globalización, sino mayor exposición a shocks largos y costosos. Según un informe citado por La Nación, la proporción de importaciones de Estados Unidos procedentes de México y Canadá subió del 26% al 29% entre 2020 y 2023 y retrocedió al 27% en los primeros nueve meses de 2025, lo que muestra desplazamientos temporales pero no una desvinculación total de proveedores globales. Al mismo tiempo las navieras enfrentan costos de combustible y desvíos, y las empresas vuelven a priorizar precio sobre cercanía cuando la presión competitiva lo exige.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

El canal de transmisión más evidente para la Argentina es la energía y los insumos agroindustriales. La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que el precio del petróleo volvió a superar los US$100 por barril tras las interrupciones en el Golfo, y eso encarece fletes y combustibles para el transporte interno. Además, la escasez o encarecimiento de insumos como el gas y la urea afecta directamente la producción agropecuaria: menos fertilizante puede reducir rindes y presionar al alza los precios de alimentos. Para un país exportador de granos, la combinación de mayores costos logísticos y presión sobre la oferta son una doble mala noticia para la competitividad y para la recaudación por derechos de exportación.

¿Qué riesgos fiscales y sociales enfrenta Santa Fe y qué pasa con las paritarias?

Santa Fe, como provincia con fuerte peso agroindustrial, siente de cerca estas tensiones. Menores rindes o mayores costos logísticos reducen la base imponible sobre la que se recauda derechos de exportación y, a corto plazo, complican la ejecución presupuestaria provincial. En ese escenario es clave lo que venimos sosteniendo: las paritarias no pueden perder frente a la transferencia de inflación. Si el salario real cae porque suben combustibles y alimentos, la demanda interna y el comercio local sufren, generando mayor presión sobre servicios públicos. Por eso exigimos transparencia en cualquier negociación que involucre al agro o a grandes operadores logísticos y que el impacto fiscal sea evaluado públicamente antes de tomar decisiones.

Qué deberían hacer Nación y provincias: medidas prácticas

Primero, transparencia inmediata en las negociaciones con empresas navieras y con exportadores para conocer quién absorbe y quién traslada costos. Segundo, evaluar el impacto fiscal de corto plazo: una estimación pública de cómo variaciones de precios internacionales y fletes afectan la recaudación provincial. Tercero, blindar las paritarias con cláusulas de reapertura o indexación automáticas mientras persista la escalada de precios. Estas medidas ya aparecen en el debate sobre comercio y Asia que venimos publicando (ver El auge asiático: qué cambia y qué debe preguntar la Argentina https://diariosantafe.com.ar/politica/el-auge-asiatico-que-cambia-y-que-debe-preguntar-la-argentin-2026-03-14). También conviene revisar marcos de emergencia para logística y reservas estratégicas de insumos críticos.

La conclusión es simple: la globalización no desapareció; lo que cambió es la fragilidad ante conflictos regionales. Las autoridades deben traducir hoy esa evidencia en reglas claras, datos públicos y protecciones salariales para que la factura no la paguen los trabajadores ni las provincias con menos margen fiscal.