La Corte Suprema aprobó la acordada 4/2026 que propone un reglamento para concursos anticipados con el objetivo de cubrir vacantes, incorporar un sistema de dos exámenes y limitar la discrecionalidad en las entrevistas personales (según La Nación, 25/3/2026).

¿Qué propone la acordada 4/2026 y qué cambia?

La medida propone que los concursos se realicen antes de que se produzcan las vacantes, que los exámenes pasen de uno a dos y que la primera prueba sea automatizada y de opciones múltiples con corrección informatizada (según La Nación, 25/3/2026). En segundo lugar se rendiría una prueba práctica centrada en resolución de casos. Además, se separan las funciones de confección de preguntas y corrección para minimizar filtraciones y se introducen puntajes objetivos para acotar la discrecionalidad en las entrevistas.

Este paquete técnico busca acelerar la cobertura: los concursos que hoy suelen demorar dos o tres años pasarían a permitir designaciones inmediatas cuando haya postulantes adecuados (según La Nación, 25/3/2026). La innovación es tangible: pasar de un examen a dos y blindar procesos reduce fuentes conocidas de arbitrariedad.

¿Alcanza para resolver las vacantes y la politización?

La urgencia detrás de la propuesta es real: la crónica señala que más de un tercio de los cargos de jueces está vacante, una situación que, según el artículo, amenaza el funcionamiento del Poder Judicial (según La Nación, 25/3/2026). Los concursos anticipados podrían, en teoría, reducir ese cuello de botella al tener listas de candidatos validados antes de la salida del titular.

Pero hay límites prácticos e institucionales. La Corte propone y el Consejo de la Magistratura debe aprobar: que la cabeza del Poder Judicial impulse cambios en las reglas de selección introduce una tensión institucional que hay que manejar con transparencia. Además, el anonimato y los exámenes objetivos atenúan el clientelismo, pero no lo eliminan si no se transparentan las métricas, la composición de los jurados y los criterios para la integración final de ternas. La mejora técnica no sustituye garantías de control público y auditoría.

¿Qué falta: transparencia fiscal, métricas públicas y control ciudadano?

La propuesta merece reconocimiento técnico pero exige respuestas adicionales. Primero: no hay, hasta ahora, estimaciones públicas difundidas sobre el impacto presupuestario de cubrir las vacantes de manera rápida; ni la nota periodística ni el resumen de la acordada incluyen un anexo de costos por partidas (fuente: La Nación, 25/3/2026; texto de la acordada disponible públicamente, si existe, no contiene cifras anexas en la comunicación difundida). Exigimos transparencia plena sobre beneficiarios, partidas y efectos fiscales de la iniciativa, como hemos sostenido en posiciones previas.

Segundo: las reglas de puntaje y los indicadores objetivos deben publicarse antes de aplicarse y someterse a consulta institucional. Tercero: hay un riesgo federal: la política de designaciones debe considerar la distribución territorial de cargos y no concentrar decisiones que modifiquen equilibrios regionales sin debate. Finalmente, la iniciativa es preferible al estancamiento, pero solo será legítima si las reglas, los costos y los resultados se miden y se publican. Sin esos elementos, la técnica puede convertirse en atajo para la política.

En síntesis, la acordada 4/2026 introduce herramientas útiles (concursos anticipados; dos exámenes; menor discrecionalidad), pero su eficacia dependerá de tres cosas: aprobación transparente por el Consejo de la Magistratura, publicación de indicadores y costos fiscales, y mecanismos de control que involucren a la sociedad y al Congreso (según La Nación, 25/3/2026).