El contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo se declaró inocente en el juicio por el hundimiento e implosión del submarino ARA San Juan y reclamó que no puede haber sentencia sin un peritaje que establezca cómo ocurrió el siniestro que en 2017 dejó 44 muertos (La Nación). El imputado sostuvo que cumplió diligencias de inspección y describió la decisión que tomó el 16 de noviembre de 2017 de cerrar el operativo SAR por considerar superadas “las posibilidades de encontrarlos con vida”; las audiencias continuarán el 23 de marzo con los primeros cinco testigos de una lista que llega al centenar (La Nación).

¿Qué dijo López Mazzeo y qué pruebas presentó?

López Mazzeo negó “todas y cada una” de las imputaciones y reconstruyó con fechas y comunicaciones su gestión al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, incluida la inspección del submarino en Ushuaia y la conversación con el comandante del buque (La Nación). Señaló que ordenó cancelar la patrulla tras un principio de incendio y que puso en marcha el operativo de búsqueda, incluso solicitando apoyo aéreo internacional; afirmó además que agilizó repuestos y recorrió todas las unidades, como prueba de haber cumplido sus obligaciones (La Nación). Su reclamo central es procesal y técnico: cuestionó que el juicio avance sin una pericia administrativa o técnica que establezca el nexo causal entre las novedades reportadas y la tragedia.

¿En qué se funda la acusación fiscal y qué números aparecen?

La acusación fiscal sostiene que, al zarpar en su última travesía, el ARA San Juan había excedido en 26 meses el intervalo reglamentario entre puestas en seco previsto por el fabricante, y que presentaba equipos fuera de servicio o degradados que afectaban su seguridad operativa (La Nación). Los delitos imputados son incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, cargos que requieren establecer causalidad técnica y normativa. La fiscalía elevó la causa a juicio y el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos fijó la programación de audiencias; la investigación penal contrasta, según López Mazzeo, con la falta de una investigación militar interna previa que hubiera definido responsabilidades administrativas.

Qué está en juego: técnica, institucionalidad y reparación

Este juicio no solo decide responsabilidades penales: pone en discusión cómo funcionan los mecanismos de investigación militar y civil tras una tragedia de alta complejidad técnica. A más de ocho años del hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, queda por resolver si la prueba técnica —peritajes especializados sobre material, mantenimiento y comunicaciones— se incorporará con la profundidad necesaria para que la condena o absolución se funde en ciencia forense naval y no solo en valoraciones internas (La Nación). Para las familias y para la credibilidad institucional, la claridad técnica es condición de legitimidad.

¿Cómo debería avanzar el proceso y qué debe pedir la sociedad?

Observamos tres exigencias mínimas: 1) que el tribunal garantice la producción de peritajes independientes y públicos sobre las causas técnicas del siniestro; 2) que la instrucción administrativa y judicial transparenten cronogramas y expedientes para evitar la sensación de juicio sin todas las pruebas; 3) que la agenda pública incluya lecciones operativas para evitar repetición de errores en protocolos y mantenimiento. El reclamo de López Mazzeo por una pericia no exonera ni absuelve por anticipado; sí obliga a la justicia a explicitar cómo y cuándo se probarán los elementos técnicos. Si el objetivo es verdad y responsabilidad, la decisión más difícil será para los jueces: decidir si avanzan con la oralidad tal como está o si demandan pruebas científicas que la sociedad espera ver antes del veredicto final (La Nación).