Gerardo Milman fue designado como planta transitoria en el Senado y ya figura en la nómina oficial con el número de legajo 28982 y la categoría A-1; el sueldo estimado es de alrededor de tres millones de pesos, según la lista del personal del Senado y la crónica que informó la designación. Esta nota describe los hechos, los antecedentes judiciales y las implicancias políticas, y plantea qué controles debería activar la Legislatura ante una contratación de alto impacto público.
¿Qué dice la nómina y cuánto cuesta esta designación?
La nómina del personal del Senado registra a Gerardo Milman con legajo 28982 y categoría A-1; la crónica que difundió la información estima un ingreso cercano a los 3.000.000 de pesos mensuales, aunque precisa que el sueldo incorpora componentes variables según antigüedad y títulos (fuente: nómina del personal del Senado y la publicación original). Como planta transitoria, el cargo le otorga beneficios habituales de la relación de dependencia: vacaciones, aguinaldo y aportes. En el contexto presupuestario, cualquier salario de ese porte exige explicación sobre la partida que lo financia y su duración: ¿se trata de una cobertura permanente o de un contrato por tiempo determinado? Vemos que la transparencia sobre condiciones y financiamiento es la primera demanda razonable desde la ciudadanía y desde la comisión de presupuesto del propio cuerpo.
¿Qué peso tienen las resoluciones judiciales en esta designación?
La designación ocurre después de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara la causa en la que se investigaba la posible participación intelectual en el atentado del 1 de septiembre de 2022, según lo consignado en la crónica. Ese hecho —el intento de magnicidio del 1/9/2022— es el antecedente central que explicita por qué el ingreso de Milman al Senado genera interés público. Además, la nota recuerda que el testigo que realizó la denuncia, Jorge Abello, fue denunciado por falso testimonio y que interviene la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo (fuente: la crónica judicial citada). A casi tres años y medio del episodio de septiembre de 2022, el archivo judicial no elimina la necesidad de responder políticamente: la Cámara alta tiene margen para pedir aclaraciones sobre antecedentes que afectan la legitimidad de sus contrataciones.
¿Qué implicancias políticas y de gobernabilidad tiene el nombramiento?
Milman fue la mano derecha de Patricia Bullrich durante más de seis años y, pese a haber sido marginado de la mesa chica en 2022, conserva vínculos que explican su reaparición en ámbitos legislativos (fuente: crónica sobre trayectoria política). La nota menciona además que Karina Milei objetó su presencia en las listas electorales y que lo bloqueó en la jura de la ministra de Seguridad, lo que revela tensiones internas en el espacio del oficialismo. Políticamente, la designación funciona como un salvavidas institucional para un operador que tuvo exposición mediática y judicial; en términos de gobernabilidad, abre una pregunta sobre prioridades: ¿la Cámara debe convertir en empleo transitorio a figuras con alto perfil político en vez de transparentar y justificar cada incorporación ante la ciudadanía? Desde nuestra lente fiscal y de transparencia, hay un costo político y presupuestario que debe justificarse públicamente.
Qué pedimos: controles, transparencia y una respuesta legislativa
Exigimos que el Senado publique las condiciones completas de la designación: copia del contrato o resolución administrativa, fundamento jurídico, partida presupuestaria y duración del vínculo. Que la nómina muestre legajo 28982 y categoría A-1 (fuente: lista del personal del Senado) no basta; la ciudadanía tiene derecho a saber por qué se aprobó ese gasto y quién autorizó el ingreso. Proponemos que la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Asuntos Administrativos soliciten la documentación y realicen una audiencia pública, y que se aplique la normativa de acceso a la información pública para que los detalles sean verificables. Mantener coherencia con nuestra posición previa: exigimos reglas claras, control legislativo y transparencia cuando se nombran empleados del Estado, sobre todo si se trata de personas vinculadas a causas de alto impacto político y mediático.
