El RIMI fija un piso de US$150.000 para acceder a la amortización acelerada, un umbral que, según la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), deja fuera buena parte de las inversiones reales del campo (La Nación, 27/3/2026). Muchos implementos habituales cotizan entre US$20.000 y US$50.000 y hay máquinas que incluso se ubican por debajo de US$100.000, por lo que la regla prioriza compras únicas de gran porte.
¿Qué propone el RIMI y por qué preocupa al campo?
El RIMI fue incorporado como herramienta para incentivar inversiones productivas mediante beneficios como la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA, según la cobertura del 27/3/2026 de La Nación. La norma establece distintos umbrales según el tamaño de la empresa y, en el caso de las micro, fija un piso mínimo de US$150.000; la letra de la ley ya está sancionada, pero la reglamentación depende del Poder Ejecutivo (La Nación, 27/3/2026).
Observamos que la preocupación del sector no es retórica: Cafma y Facma argumentan que la lógica de compra en el agro es fragmentada y escalonada. Un cabezal maicero o un draper, por ejemplo, rara vez cuesta US$150.000 por sí solo, mientras que el paquete conjunto de cabezal, tolva y casilla puede superar ese monto si se considera agregado (Cafma, declaración citada en La Nación, 27/3/2026). Esta diferencia técnica hace que el beneficio fiscal favorezca inversiones individuales de alto monto, no la pauta real de renovación del parque.
¿Cómo impacta en la dinámica de inversión del agro?
Desde la lente productiva, la regla puede generar dos efectos contrapuestos. Por un lado, incentiva compras puntuales de alta gama —por ejemplo cosechadoras nuevas o tractores grandes cuya operación individual ronda o supera el piso—, y por otro, desestimula la modernización incremental que realizan contratistas y productores en años donde no renuevan el equipo mayor (La Nación, 27/3/2026). Esto puede retrasar inversiones necesarias en eficiencia y telemetría que se financian en piezas e implementos más pequeños.
En términos del mercado, el tramo de maquinaria que cotiza entre US$20.000 y US$50.000 concentra demanda regular y empleo de talleres y distribuidores; excluir ese segmento del incentivo fiscal distorsiona la cadena productiva. Además, la norma llega en un momento de recuperación: tras un 2024 considerado muy flojo, 2025 mostró una recuperación parcial según sectores consultados por La Nación (27/3/2026). Que la reglamentación no contemple la estacionalidad de las compras aumentará el riesgo de subejecución del objetivo de incentivo.
Qué alternativas pone sobre la mesa la industria y qué debería exigir la reglamentación
El sector ya presenta alternativas concretas: permitir la suma de varias inversiones realizadas por un mismo beneficiario en un período determinado para alcanzar el mínimo, o habilitar paquetes predefinidos de equipos que, en conjunto, califiquen. Cafma planteó específicamente considerar la agregación de cabezal, tolva y casilla como una sola inversión computable (La Nación, 27/3/2026). Otra opción técnica es introducir un umbral diferenciado por rubro de implementos o un mecanismo transitorio de acceso para pequeños contratistas.
Desde nuestro punto de vista fiscal y republicano exigimos transparencia plena sobre el alcance del beneficio: qué partidas presupuestarias lo financian, cómo se estiman sus impactos fiscales y cuántas operaciones y montos se esperan incluir. La reglamentación es la instancia clave para corregir un sesgo técnico que podría beneficiar a operaciones puntuales en detrimento de la modernización distribuida del agro. Si el gobierno abre la posibilidad de agregación con reglas claras —por ejemplo, sumar compras en 12 meses o paquetes certificados por fabricantes— podrá alinear el incentivo con la realidad productiva sin perder control fiscal. (La Nación, 27/3/2026).
