La Nación publicó que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron mensajes, audios, documentos y registros bancarios que apuntan a pagos recurrentes de “USDT 2000” a Javier Milei mientras era diputado, además de transferencias por 200.000 pesos a nombre de Karina Milei en julio y agosto de 2023. El conjunto peritado suma “más de 101.000 archivos” y “41,3 gigabytes” de información, según el mismo informe de La Nación.
¿Qué muestran los archivos y qué falta para confirmarlo?
Los archivos reconstruidos por los peritos incluyen audios de WhatsApp en los que Mauricio Novelli pide “ponerle lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses”, y listados donde Milei y otros figuraban con montos mensuales, según La Nación. Además, hay comprobantes bancarios hacia Karina Milei por 200.000 pesos el 10 de julio y el 1 de agosto de 2023, montos que el artículo equipara a aproximadamente USD 400 “blue” en esa fecha (La Nación). Vemos un patrón: instrucciones por mensaje, coordinación de cambio de USDT a efectivo y anotaciones internas que funcionan como un plan de pagos. Lo que falta para transformar esa reconstrucción en prueba de pago formal son facturas, recibos o constancias de entrega firmadas; La Nación señala expresamente que no halló tales comprobantes en el material peritado. Ese vacío documental es clave para la investigación: sin respaldo fiscal o contractual es difícil distinguir entre prestación legal de servicios y recepción de un emolumento no declarado.
¿Qué implicancias legales e institucionales tiene esto?
La continuidad de pagos —y su eventual duplicación a “US$4.000” según mensajes posteriores— plantea interrogantes jurídicos concretos. La Constitución Nacional, artículo 92, prohíbe que el Presidente “reciba ningún otro emolumento” durante su mandato. Si existieron transferencias mientras Milei ocupaba la Presidencia, hay un potencial conflicto con esa norma (Constitución Nacional, art. 92). Además, La Nación reporta que Novelli registró entradas a la Casa Rosada y que en 2024 hubo anotaciones tipo “Pago Javier kari” sin contexto adicional en el material peritado. Desde el lente institucional, la secuencia obliga a tres pasos mínimos: que el Ministerio Público Fiscal publique un sumario claro de hallazgos forenses; que los bancos aporten los recibos y trazabilidad de fondos; y que la Casa Rosada haga accesible —con las limitaciones legales— los registros de visitas y agendas vinculadas a Novelli. Sin esos elementos la acusación queda en el terreno de la reconstrucción forense y del periodismo, no de la prueba judicial plena.
Impacto político y la demanda de transparencia que sostenemos
Vemos consecuencias en varios planos: fiscal (si fuera remuneración privada, ¿hubo conflicto de interés en decisiones de gobierno?), electoral (la narrativa de austeridad y moral pública se resiente ante pagos privados reiterados) e institucional (la ciudadanía exige trazabilidad). Si los USDT 2000 eran mensuales durante un año, representan US$24.000 al año —una escala que importa en términos de independencia del ejercicio público—, y La Nación agrega que en 2024 los montos mencionados se duplican en algunos mensajes. En ese marco mantenemos la postura previa: exigimos transparencia plena sobre los viajes, agendas, gastos y las redes de financiamiento vinculadas al caso $LIBRA y a cualquier tercero que acceda asiduamente a la Casa Rosada (posición pública del 20/3/2026). La política pública debe traducirse en información: publicar peritajes, registros de ingresos a oficinas públicas y comprobantes bancarios no es una persecución, es control republicano. Para recuperar confianza se necesita más que denuncias periodísticas: requerimos documentación oficial y, de confirmarse irregularidades, sanciones proporcionales y medidas de prevención sobre la relación entre asesores privados y funcionarios.
