La Oficina Anticorrupción quedó al frente de la jueza Gabriela Zangaro por decisión del ministro Juan Bautista Mahiques, y la designación fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de marzo de 2026, según La Nación. Esta es una decisión concreta en un momento de alta sensibilidad política: el Ejecutivo afronta causas con señalamientos de corrupción, entre ellas el expediente conocido como $LIBRA. Zangaro integra el Poder Judicial de la Ciudad desde 2003 y, según datos reproducidos por La Nación a partir del Consejo de la Magistratura porteño, se recibió el 30 de junio de 1994 e ingresó a la justicia en 1989. La OA, según ese mismo informe, cuenta con 134 empleados. Estos datos son la base mínima para evaluar independencia y capacidad técnica de la oficina.
Qué significa la designación
La elección de Zangaro responde, según el ministro Mahiques y fuentes oficiales citadas por La Nación, a la voluntad de completar el equipo con personas consideradas “intachables” y con escaso perfil político. En la práctica eso implica dos decisiones concretas: primero, la preferencia por funcionarios con carrera judicial en la Ciudad —Zangaro está a cargo del Juzgado Nº 22 desde 2003, según La Nación y el Consejo de la Magistratura porteño—; segundo, la intención declarada de no usar la OA como querellante en causas de corrupción, como explicó el ministro en sus primeras entrevistas y reprodujo La Nación. Ese cambio de foco contrasta con la etapa del gobierno de Cambiemos (2015-2019), cuando la OA se involucró públicamente en causas contra exfuncionarios. La pregunta es si la ausencia de un perfil militante mejora la independencia institucional o, por el contrario, reduce el control sobre funcionarios del propio Ejecutivo.
¿Qué riesgos institucionales plantea esta decisión?
Hay, al menos, dos riesgos claros. El primero es el de captura técnica: cuando la cúpula del área proviene del mismo círculo profesional que el ministro —Mahiques y Zangaro se conocen por su trayectoria en la justicia porteña— la oficina puede resultar menos proclive a investigar a funcionarios del Ejecutivo. El segundo es operativo: con una dotación de 134 empleados, según La Nación, la OA necesita transparencia sobre prioridades, expedientes activos y asignación de recursos para comprobar que investiga con autonomía. En contexto: la oficina tendrá que decidir cómo actuar en denuncias que ya están presentadas. Si no hay querella, el Estado pierde una herramienta procesal; si hay querella, el riesgo político reaparece. Ambos escenarios exigen reglas claras y publicidad de actuaciones.
Qué esperar en causas sensibles y qué exigimos
Frente a episodios como $LIBRA —sobre los que ya existen pedidos de indagatoria y reclamos de transparencia, ver ejemplo de nota previa— la OA debe cumplir dos requisitos mínimos: transparencia en pruebas y peritajes, y rendición presupuestaria pública. Exigimos que la oficina publique inventarios de causas abiertas, referencias a peritajes técnicos y cadena de custodia cuando corresponda, y que el Ministerio facilite acceso legislativo y ciudadano a esas métricas. La Nación informa que Mahiques pidió que la OA investigue las denuncias presentadas, pero que no será querellante; esa línea obliga a la máxima claridad metodológica para que la sociedad y los tribunales sepan con qué criterios se actúa. En esa dirección, reafirmamos la posición previa: exigimos transparencia plena sobre las pruebas y el peritaje en la causa $LIBRA para garantizar una investigación técnica, pública e imparcial.
