El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la inflación volvió a subir en marzo y que el Índice de Precios al Consumidor estará “seguramente arriba del 3%”; en contraste, en enero y febrero el IPC había sido 2,9% (según El Ciudadano citando datos del INDEC, 13/4/2026). Caputo aseguró además que a partir de abril se iniciará un proceso de desinflación.

¿Qué dijo el Gobierno y qué dicen los números?

Caputo atribuyó el repunte de marzo a un “shock” ligado al petróleo —que impacta en pasajes y transporte— y a la estacionalidad de la educación (El Ciudadano, 13/4/2026). Los datos que citó implican un salto mensual: 2,9% en febrero vs. “arriba del 3%” en marzo, es decir una aceleración mes a mes según la presentación. Además, el artículo señala que el IPC no baja desde junio de 2025 (según series publicadas por el INDEC). Estos tres puntos son verificables: 1) la mención explícita de Caputo sobre marzo (El Ciudadano, 13/4/2026); 2) la referencia a 2,9% en enero-febrero (INDEC, reportado por El Ciudadano); 3) la continuidad de la inflación elevada desde junio de 2025 (INDEC). No es lo mismo reconocer un choque puntual que explicar por qué la inflación muestra persistencia desde mitad de 2025.

¿Cómo impacta esto en el mercado y en los hogares?

Un IPC mensual arriba del 3% vuelve a quebrar expectativas de corto plazo y empuja ajustes en precios relativos. El Gobierno esgrimió el precio del petróleo como canal: eso encarece transporte y algunos servicios, y tiene efectos directos en los costos de las cadenas logísticas. Para los hogares, la lectura práctica es sencilla: si los salarios y las paritarias no superan esa tasa mensual, el poder adquisitivo cae. En términos temporales, una suba de 3% mensual representa más de 40% anualizado si se mantuviera, un orden de magnitud incompatible con cualquier promesa de estabilización rápida. Por eso la política salarial y el manejo de tarifas y combustibles son determinantes; sin medidas coherentes sobre oferta y sobre la política monetaria, los episodios de “shock” tienden a traducirse en inflación sostenida.

¿Qué cálculo político hay detrás y qué implica para la credibilidad?

Admitir públicamente un índice que contradice metas divulgadas es políticamente costoso: el Presidente anunció en foros internacionales la idea de eliminar la inflación y fijó expectativas de cero para meses próximos (discurso en CPAC y en la Bolsa, reportado por El Ciudadano). La diferencia entre un “shock puntual” y una tendencia persistente define la percepción pública. Desde el lente electoral, reconocer la suba ahora puede ser un intento de ajustar el discurso antes de una publicación oficial del INDEC; desde el lente fiscal, obliga a explicar qué partidas presupuestarias se usarán para mitigar el impacto (si las hubiera). Por coherencia con posiciones previas: exigimos transparencia y auditorías independientes sobre proyecciones y el impacto fiscal de estas variaciones, para que el debate no sea solo retórico sino verificable con cifras.

Qué debería hacerse en lo inmediato y qué le pedimos a la Provincia

Primero, necesitamos datos abiertos y consistentes: el Gobierno nacional debe publicar desglose sectorial del impacto del “shock petrolero” y sus supuestos de proyección (precio internacional, traslado a mostrador, subsidios). Segundo, la coordinación fiscal y salarial es clave: las provincias, incluida Santa Fe, deben ser informadas sobre cómo se compensarán transferencias o si habrá aperturas de partidas para sostener políticas sociales y docentes. Tercero, pedimos auditorías externas sobre las proyecciones macrofiscales y los supuestos de desinflación anunciados (coherente con nuestra postura: exigimos transparencia y auditorías independientes, 14/4/2026). Sin datos y sin un plan claro de corto plazo para controlar transmisiones de costos, las promesas de “desinflación desde abril” seguirán siendo un riesgo reputacional y un problema real para salarios y precios.